Asistimos a un momento histórico en el que se debate con fuerza acerca de las energías renovables y su necesaria implantación, para así conseguir la descarbonización de nuestros países, que a su vez servirá para mitigar el calentamiento global y, por tanto, el cambio climático. En este debate se mezclan intereses económicos y políticos. Lo hemos visto a raíz del último “apagón” sufrido en nuestro país, del que aún no tenemos certeza de las auténticas causas.
En este debate se mezclan mitos y bulos, que confunden a la opinión pública. Aunque en los partidos y organizaciones de izquierda se es más proclive a las políticas climáticas y a la instalación de renovables, sin embargo comienzan a verse algunos de estos movimientos opuestos a este despliegue de renovables, que se mezclan con movimientos locales romantizados como “humildes habitantes apegados a la tierra que luchan contra las multinacionales”. En esta épica lucha, se suelen mezclar los intereses de la derecha radical, que también se opone a la instalación de renovables, aunque por cuestiones de negacionismo climático y de soberanismo frente a unas políticas climáticas supuestamente impuestos por organismos internacionales.
Días atrás leía un magnífico artículo publicado en el Independiente de Granada, firmado por el veterano periodista Agustín Martínez, en el que hacía una reflexión acerca del aluvión de proyectos de plantas fotovoltaicas y eólicas que se están promoviendo, sin planificación, bajo el paraguas de la “transición ecológica”. Nos decía que lo ocurrido en Atarfe, Santa Fe, Pinos Puente y Vegas del Genil marca un antes y un después en la forma de afrontar la transición energética, que no puede hacerse a costa de los territorios, sus paisajes, su agricultura y la voluntad de sus habitantes. Según su opinión, las administraciones central y autonómica habían venido actuando como aliados silenciosos de estas iniciativas, permitiendo que los intereses empresariales se impongan sobre estos valores ambientales, patrimoniales y agrícolas de los territorios.
Estoy leyendo con atención el último libro de Pedro Fresco, uno de nuestros mayores expertos energéticos, titulado “Energy Fakes”. Es un libro muy completo, que aborda con seriedad y objetividad los principales temas que rodean este debate. Desde la energía nuclear, hasta las energías renovables solar y eólica. También la integración en nuestro sistema eléctrico de la energía producida por las renovables o la supuesta destrucción de la biodiversidad a consecuencia de las denominadas “macroplantas” solares o eólicas.
La primera incógnita que surge en muchos de nosotros, ante la resistencia a la ocupación de terrenos para la instalación de renovables, es si se puede generar toda la energía que necesitamos con paneles en los tejados. La respuesta de este experto es que no. Según explica, España consume más de 1.000 TWh de energía final. Los estudios disponibles indican que en nuestro país se podrían producir en los tejados solo 65 TWh anuales. Algunos estudios los elevan a 150 TWh. Y aunque se asumiera que el consumo eléctrico final (no solo el doméstico) pudiera reducirse, estos estudios indican que cantidades inferiores a los 700 TWh afectarían a la calidad de vida de los ciudadanos.
"Decir que las renovables son una actividad que daña la biodiversidad, comparándola con las actividades habituales del mundo rural, en algunos casos de alta contaminación por nitratos o uso intensivo de agua, no resiste un estudio mínimamente serio"
Respecto a que las “macroplantas” renovables destruyen la biodiversidad, nos hace una primera distinción entre plantas de 50MW, que han de autorizarse por la Administración Central, y las de menos de 50 MW, que se tramitan en las Comunidades Autónomas. Quizás en esta distinción y en el fraccionamiento interesado por parte de las grandes compañías, deberíamos centrar gran parte de nuestras investigaciones. Pero, con la elección adecuada de zonas en las que instalarlas y con estudios de impacto ambiental adecuados, se evitarían gran parte de estos perjuicios. Decir que las renovables son una actividad que daña la biodiversidad, comparándola con las actividades habituales del mundo rural, en algunos casos de alta contaminación por nitratos o uso intensivo de agua, no resiste un estudio mínimamente serio.
Pero también es cierto que estas instalaciones, necesarias si queremos descarbonizar la atmósfera, tienen un impacto muy inferior al que tendría el incremento de un par de grados en el clima, que causaría la sexta extinción masiva y arrasaría con la biodiversidad y los ecosistemas. Los estudios disponibles indican que si queremos llegar en 2050 al denominado Net Zero, en nuestro país deberíamos producir 200 GW de energía solar fotovoltaica (50 GW en los tejados y 150 GW en el suelo) y 160 GW de eólica (20 GW de eólica marina y 140 GW de eólica terrestre. Energía renovable que sería perfectamente integrable en la red eléctrica, pese a los bulos que últimamente corren por las redes.
Por tanto, oponerse de forma sistemática a todo lo que suponga plantas de energías renovables, solares o eólicas, o incluso tachar de irresponsables a los grupos políticos que han aprobado el Plan Energético Nacional, como hace unos días leía en un foro de oposición a estas prácticas, entiendo que no es lo más adecuado, si de verdad nos preocupan las terribles consecuencias que nos acechan a consecuencia del cambio climático.
