Alrededor de 150 trabajadores y trabajadoras
transfronterizos se han concentrado este domingo, 13 de marzo, en la Plaza de los Reyes para reclamar
“derechos” y “justicia” en el segundo aniversario del cierre del Tarajal tras la declaración de la pandemia de la COVID-19 que les privó de libertad de movimiento tanto hacia
Marruecos como hacia la península, con lo que de hecho han quedado atrapados en Ceuta donde en el mejor de los casos solo son regulares cuando están en horario laboral. Se trata, según han subrayado, de un “amargo” cumpleaños para “gente trabajadora que nos sentimos víctimas”. Rachida, Amina, Hassan y otros ciudadanos del país vecino que en algunos casos llevan “más de 30 años” en la ciudad “sin dar un solo problema” han compartido su desazón con los demás para pedir a las autoridades entrar en su agenda política y que encuentren “soluciones” para su coyuntura. Varias empleadas de hogar, pero también profesionales de otros sectores que eligieron no volver a su país y seguir trabajando para mantener a sus familias sufriendo en la distancia por su lejanía han compartido su pesar con el resto de los presentes, entre ellos muy pocos ceutíes.
El colectivo, que cree que “no es hora de agachar la cabeza”, va a explorar ahora que cumple dos años en el “limbo” el que lo dejó el cierre de la frontera la posibilidad de regularizar su situación por la vía del arraigo laboral, aunque no todos cumplen todos los requisitos. Niños que no conocen todavía a sus padres, madres sin atención sanitaria, hijos que no han podido despedir a sus progenitores fallecidos... Decenas de dramas personales de quienes “en el momento más duro de nuestra historia reciente entre su familia y Ceuta eligieron Ceuta, algo que debemos reconocerles”, ha remarcado el diputado autonómico Mohamed Mustafa.
El grupo ha agradecido el respaldo que ha recibido de partidos como Ceuta Ya!, sindicatos como Comisiones Obreras y asociaciones de defensa de los Derechos Humanos que han puesto en valor su papel trascendental para permitir a los ceutíes conciliar su vida laboral y familiar. Ese reconocimiento se ha convertido también en un ejercicio de reivindicación de su dignidad: “No somos esclavos y nadie en el mundo merece ser privado de lo esencial, de tener que dejar de ser madre, hija o mujer”, han proclamado.