El Gobierno encomienda el proyecto a la empresa pública con un presupuesto de 1,7 millones
La Ciudad Autónoma ha publicado la encomienda de gestión a Tragsa de la construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera nacional que llega hasta la frontera y de la habilitación de un nuevo acceso a la playa de la barriada con un presupuesto de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses que comenzará a correr cuando se firme el acta de replanteo e inicio de las obras.
Casi cuatro años y medio después del atropello mortal de una niña en ese punto de la N-352, el pasado 2 de diciembre los técnicos presentaron el informe de necesidad del proyecto y once días después se recibió de la Dirección General de Carreteras la autorización para la construcción de la pasarela.
A toda carrera, el 20 de diciembre se aprobó el informe de supervisión del arquitecto y ese mismo día la técnico de Administración General emitió dictamen favorable sobre la encomienda de gestión. El 28 de diciembre se elaboró la Memoria Justificativa aprobada por el consejero de Fomento, Néstor García, que esa misma jornada dio su visto bueno al texto del encargo “para su comunicación al medio propio Tragsa”.
El coste de la encomienda está calculado de acuerdo con las tarifas oficiales de esa empresa pública y la inversión se financiará con un gasto plurianual que se cargará sobre los presupuestos de los ejercicios 2017 y 2018.
La Ciudad Autónoma ya ha designado a un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como director facultativo de la actuación para la supervisión de los trabajos encomendados a Tragsa.
Los catorce meses de plazo de ejecución correrán desde la firma del acta de replanteo e inicio de las obras
La Secretaría General de la Asamblea ha ordenado publicar la resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y en su Portal de Transparencia.
Caballas alertó ayer precisamente de que “cualquier paso que se dé con las encomiendas de gestión a Tragsa que no han aparecido todavía en el BOCCE, como las de la Gran Vía y su entorno o la construcción del nuevo polideportivo de Miramar, son ilegales”.
Según el diputado localista Juan Luis Aróstegui, en tal situación se encontraría ya, por ejemplo, la adjudicación de los trabajos de demolición del antiguo ‘Díaz-Flor’, que salieron a concurso por cerca de 77.000 euros pero que ‘Áridos y Transportes del Estrecho’ hará por solo 36.245 euros.
Tragsa puede subcontratar hasta el 49% de los trabajos que le encargan las Administraciones Públicas. En el último Pleno, Vivas se comprometió a encargar informes jurídicos sobre qué pasa con el dinero que la empresa se ahorra con ese trámite para determinar si puede pasar a beneficios directos o si debe detraerlo a su vez de las facturas que pasa a la Ciudad, algo que no ha hecho hasta ahora.
