La
Agencia Tributaria ha pedido a la
Guardia Civil que aplique a rajatabla la normativa nacional y comunitaria en materia de Aduanas y régimen de viajeros en
el Tarajal. A partir de ahora los agentes
decomisarán los productos y mercancías que se pretendan introducir en Ceuta y estén prohibidos o limitados a una cantidad que se exceda sin dar opción a sus portadores de retornar con ellos al país vecino. Eso si se encuentran con ciudadanos que obren con relativa buena fe y no los lleven escondidos. En ese caso los funcionarios de la Benemérita tienen la instrucción de denunciar a esas personas por en el mejor de los casos la comisión de una infracción administrativa de contrabando que lleva acarreada una multa mínima de 500 euros sea cual sea el valor de los bienes intervenidos.
La reapertura de la frontera del Tarajal
en mayo del año pasado vino acompañada de cierta incertidumbre en lo que al
trasiego de mercancías hacia uno y otro lado de la misma se refiere.
Marruecos no solo no ha facilitado la apertura de la frontera comercial prometida, sino que ha mantenido una política general de tolerancia cero con cualquier mercancía adquirida en la ciudad y, pese a las reclamaciones de la patronal, no ha facilitado la aplicación del régimen de viajeros que contempla su propia normativa y que debería permitir a sus nacionales con compras cuyo importe no supere los 2.000 dirhams.
La Ley de represión del contrabando prevé sanciones económicas mínimas de 500 euros
En sentido inverso las autoridades españolas empezaron asegurando que del Reino alauita no entraría
“ni una bolsa de tomates”, pero al final se ha aplicado la normativa que establece que los viajeros procedentes del país vecino solo pueden traer hasta diez kilogramos de frutas o verduras, cuatro unidades de pan, hasta cinco kilos de aceite o encurtidos (en envases cerrados, precintados y etiquetados), pero en ningún caso carne, embutidos, pescado, marisco, huevos o leche y derivados o hacer viajes repetidos con productos permitidos.
La asociación Residentes Ceuta lamentó ayer que al final “los que sufren las consecuencias de las declaraciones contra Marruecos o la excepción Schengen son los ciudadanos”. “Quienes piden
aduana comercial son los que se forraron a costa de un contrabando inhumano y no se puede querer buena vecindad con declaraciones sin comedimiento”, criticó.