La paradoja de Ceuta podría haber deparado este jueves que la
decisión de municipalizar la
limpieza pública viaria saliera adelante
en el Pleno con el impulso y apoyo de la derecha y las reticencias de la izquierda. No llegará a tanto, pues el respaldo expreso a la gestión indirecta superará en el peor de los casos el 90% de la Cámara. No obstante, la decisión de
asumir la gestión directa del servicio ya ha dejado escenas insólitas para cualquier observador foráneo como los reparos iniciales de los sindicatos a convertirse en empleados públicos. Así había llegado a verse el edén desde dentro. La prestación externalizada se había convertido en un modelo que exprimía “lo mejor de lo público y lo privado”, según el análisis de los expertos.
Trace consiguió por la vía judicial y sin que la
Ciudad batallara a fondo que tuvieran que cubrirse con dinero público hasta las actualizaciones de su Convenio, al que se otorgó traje de sectorial. En 10 años los sueldos del personal de la adjudicataria han subido un 25,2%, diez puntos más que el de los funcionarios, pero las quejas por su desempeño no han dejado de aumentar. Al mismo tiempo, la UTE que tiene a Juan Gutiérrez no tenía que someterse a las limitaciones propias del sector público a la hora de incorporar personal (serán 512 los subrogados en la nueva sociedad municipal, 167 con contratos a tiempo parcial), ordenar las promociones internas, realizar las sustituciones preceptivas, poner coto al absentismo (que ronda el 16%)... Solo en la recta final de estos once años se han implementado tareas de vigilancia laboral concreta que se han materializado en decenas de partes por incumplimientos de horarios. Tras optar por la construcción de una base de titularidad municipal para el servicio y por la adquisición directa de la maquinaria necesaria para su prestación, el
PP, que se había opuesto tantas veces,
se ha inclinado por la municipalización, que además
ha hecho aflorar la quiebra del
Grupo Parlamentario Socialista. Los autores de las memorias que soportan el expediente han concluido que el cambio de modelo de gestión es la única salida para alcanzar “los objetivos de garantizar su sostenibilidad, mejorar su calidad, mantener el empleo y respetar los derechos de los trabajadores”. Para conseguirlo la Ciudad tiene muchos retos pendientes: dar una estructura directiva a la nueva empresa pública que creará (y la capacidad para tomar decisiones), formar a su personal en contratación pública, desarrollar un nuevo plan de servicios, pactar un convenio colectivo, reorganizar y complementar los trabajos que hacen Tragsa, Obimace o las Brigadas Verdes... El desafío se encara con la maquinaria obsoleta (la nueva acaba de salir a licitación) y los trabajadores a punto de empezar a irse de vacaciones. Será la primera prueba para calibrar cuánto se habrá ganado en agilidad y eficiencia sin primar el beneficio empresarial (110.000 euros al mes) o el interés personal, sino el general.