La Policía Local ha pillado en Ceuta a un grupo de operarios extranjeros trabajando en un obra ilegal en Los Rosales, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Un nuevo caso de incumplimiento de la disciplina urbanística en la ciudad autónoma que de momento se salda con la incoación de un expediente por las actuaciones en una edificación sin licencia en la popular barriada.
La intervención policial arranca a raíz de una inspección preventiva en la calle Arroyo Juan de Vieira, junto a la antigua cárcel de Los Rosales, donde los agentes constataron la ejecución de trabajos de construcción al margen de la legalidad municipal.
El expediente tramitado por la Consejería de Urbanismo y Transporte saca a la luz un episodio de invasión del espacio común y de quebrantamiento de las normas de edificación de la ciudad.
La intervención policial puso al descubierto una construcción de nueva planta de aproximadamente 55 metros cuadrados adosada a una finca existente.
Durante la inspección sobre el terreno, los agentes no solo comprobaron la ausencia absoluta de licencias o autorizaciones, sino también el vertido incontrolado de escombros a la vía pública y la presencia de operarios extranjeros trabajando en el interior.
La falta de medidas de seguridad laboral y la sospecha de que estos operarios extranjeros pudieran encontrarse en situación indocumentada motivaron la intervención de los Servicios Técnicos Municipales y la comunicación del caso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La edificación en cuestión consistía en la apertura de un hueco con instalación de persiana enrollable, una obra ilegal cuyo uso exacto no pudo precisarse desde el exterior al impedirse inicialmente el acceso a los inspectores.
Más allá de la falta de permisos, otro aspecto preocupante de esta obra ilegal radica en su ubicación. La investigación determinó que la edificación no se levantaba en terreno del promotor denunciado, sino sobre una parcela colindante clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como viario local y zonas verdes. Además, la estructura invadía directamente parte del acerado público, interrumpiendo el tránsito habitual de los peatones.
Ante esta situación de incompatibilidad con el planeamiento urbano, la administración no solo catalogó los trabajos como totalmente ilegalizables, sino que dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Área de Ceuta por si pudieran constituir un delito contra la ordenación del territorio castigado por el Código Penal.
Ante tal cúmulo de infracciones, la pregunta es cuál es la sanción económica y administrativa aplicable. La valoración técnica de los trabajos ejecutados se fijó en 93.044,33 euros, catalogando la infracción como muy grave. En consecuencia, la resolución del expediente propone una multa administrativa de 18.608,87 euros.
Sin embargo, al detallar cuál es la sanción global, el castigo económico representa solo una parte de las medidas. La Ciudad Autónoma ha ordenado la paralización inmediata de la obra ilegal, el precintado de las instalaciones y la retirada de toda la maquinaria.
Asimismo, se concede al responsable un plazo irrenunciable de cuatro días para ejecutar la demolición completa a sus expensas, un trabajo presupuestado en 14.000 euros más impuestos. De no hacerlo voluntariamente, la administración asumirá el derribo de forma subsidiaria y le pasará la factura al infractor.
El expediente otorga un periodo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. No obstante, el mensaje oficial es contundente: no se tolerará ninguna obra ilegal que atente contra el ordenamiento urbano ni emplee a operarios extranjeros al margen de las garantías laborales.
La claridad al fijar cuál es la sanción busca sentar un precedente firme contra la ocupación del dominio público.
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