El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó este miércoles en Bruselas su confianza en retomar las negociaciones con el Partido Popular (PP) para acordar el reparto de menores inmigrantes, entre los que están los llegados a Ceuta, entre las Comunidades Autónomas. Esto tras haber enviado una carta sobre la materia a la Comisión Europea.
Durante su visita a la capital europea, Torres se reunió con la comisaria de Interior, Ylva Johansson, a quien trasladó la urgencia de abordar el fenómeno migratorio con una perspectiva humanitaria, haciendo hincapié en la situación de los menores. En una rueda de prensa posterior al encuentro, subrayó que este enfoque busca garantizar una respuesta coordinada tanto a nivel nacional como europeo.
El ministro recordó que el Gobierno envió recientemente una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la que le trasladan de manera "textual" la petición del Partido Popular (PP) de "solicitar toda la ayuda que sea precisa", y le exponen las medidas que está tomando el Ejecutivo español en esta área y piden una reubicación de los menores solicitantes de asilo en toda la Unión Europea (UE). Según Torres, este paso también responde a una exigencia planteada por el PP para reanudar las conversaciones sobre la reforma de la Ley de Extranjería, especialmente el artículo 35, que establece las bases para el reparto de menores entre las comunidades autónomas.
"Yo espero y confío en que también podamos volver pronto a la negociación, en este caso con el PP, para poder sacar adelante algo fundamental, que es que estos menores puedan ser reubicados en el conjunto del país y se haga con apoyo y trabajo compartido de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas presididas por presidentes o presidentas de esa organización política", destacó el ministro en Bruselas.
Esta reforma no debe confundirse con la reciente modificación del reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno, orientada a simplificar la regularización de inmigrantes en situación irregular. Este cambio podría beneficiar a unas 300.000 personas al año durante los próximos tres años.
