Togas

Se difundía la imagen días atrás de concentraciones de jueces y fiscales, con sus togas, a las puertas de los juzgados, protestando contra la reciente reforma del poder judicial, tramitada por el gobierno de España y aprobada por las Cortes Generales, pese a la situación de algarada permanente a la que nos tienen acostumbrados las derechas de este país.

La movilización responde a la percepción de que las modificaciones propuestas o implementadas podrían comprometer la independencia judicial y afectar negativamente las condiciones laborales de los profesionales del sector. Entre los puntos de mayor controversia se encuentran la regulación del acceso a los órganos superiores y la falta de diálogo previo con las asociaciones judiciales y fiscales.

Estas protestas han incluido concentraciones frente a sedes judiciales, paros simbólicos y la difusión de comunicados en los que se exige una reforma que respete la autonomía de los jueces y fiscales, así como la garantía de un sistema justo y equilibrado. Algunas de las asociaciones del gremio continúan demandando mayor transparencia en los procesos de reforma, junto con una mejora de los recursos disponibles para áreas claves de la administración de justicia.

Incluso amenazaban con una huelga si la referida reforma se llevaba a cabo. Algo insólito, si pensamos que la función de los jueces es la aplicación de las leyes que se aprueban desde el poder legislativo, y no la presión a dicho poder legislativo para que legisle en un sentido u otro. Cuestión bien distinta es que, como ciudadanos, expresen su opinión y su protesta por aquello que consideren. Pero nunca en su calidad de jueces o fiscales y, por tanto, ataviados con la indumentaria (toga) que sirve para distinguirles en este sentido del resto de la ciudadanía.

No es la primera vez. Cuando se aprobó la denominada ley de amnistía, también ofrecieron un espectáculo similar. Espectáculo que ha tenido su continuidad en forma de distintas resoluciones judiciales que dificultaban su aplicación. Dicha ley, próximamente será avalada legalmente por nuestro Tribunal Constitucional, si es que sus “señorías” de la derecha y los poderes mediáticos que las apoyan, nos dan un respiro en la difusión de escándalos “fabricados”, a los que nos tienen acostumbrados últimamente, y que seguirá incrementándose conforme se acerque la fecha prevista para esta aprobación y para la celebración del congreso de la “derecha cobarde” (Abascal dixit), en la que se visualice la inviabilidad de que el Sr. Feijóo (el documentado amigo de narcotraficantes), pueda liderarla.

En mi carrera profesional como abogado, nunca tuve la sensación de que el poder judicial estuviese tan escorado a la derecha, ni fuese tan poco objetivo en sus decisiones. Quizás porque en el ámbito laboral la judicatura tiende a “proteger” al más débil. Sin embargo, en algunas ocasiones me he encontrado con resoluciones difíciles de explicar, o de entender, que en bastantes ocasiones fueron rectificadas por instancias superiores.

Uno de estos casos fue en la jurisdicción contencioso-administrativa. Yo defendía a una pequeña empresaria, a la que el alcalde de su municipio, del Partido Popular, le había prometido la reserva de una zona de carga y descarga para servicio de su actividad. Sin embargo, pese a que el soporte de la correspondiente señal de tráfico ya había sido instalado frente a su local, todo se paralizó cuando se conoció la noticia de que su marido se presentaba a las elecciones por el partido contrario. El hecho de que el único local que no tuviera zona de carga y descarga en el municipio fuera el de esta señora, indicaba claramente que se trataba de un “abuso de poder” y de una “discriminación” prohibida por la Constitución Española.

Y así se enfocó la defensa. Como un acto discriminatorio que no tenía encaje legal. Sin embargo, no se mencionó nada acerca de la posible discriminación por razones ideológicas y políticas. El hecho de ser la única actividad sin esa concesión, respecto al resto de actividades económicas del municipio, parecía una razón de suficiente peso, como para que los Tribunales accedieran a dar la razón a la empresaria.

Contra todo pronóstico, no fue así. A lo largo de las pruebas y fundamentos jurídicos de la sentencia, ya recurrida ante las instancias superiores, no se contenía ninguna argumentación que justificara la arbitraria decisión. Pero sí se incluía en el relato de los hechos, gracias a la insistencia del letrado del Ayuntamiento, algo que no tenía relación alguna con el fondo de la cuestión, pero que, al parecer, fue lo que inclinó la balanza del lado del Ayuntamiento. Se trataba del hecho de que el letrado era el esposo de la empresaria y, además, concejal de la oposición en el Ayuntamiento.

Evidentemente, no hay pruebas de que este hecho fuese determinante del fallo. En las intencionalidades personales de nuestras acciones es difícil encontrar evidencias. Pero sí hay constancia del interés del letrado de la parte contraria en que Su Señoría conociera que estaba ante un abogado ideológicamente afín a la oposición. El por qué nos lleva a generar una “duda razonable” respecto a la independencia de este Magistrado a la hora de decidir algo que “beneficiaba” políticamente a una parte y “perjudicaba” a la otra. Y aunque el Tribunal Constitucional tiene elaborada una vieja doctrina respecto a la prueba indiciara en este tipo de comportamientos, en el argot popular tiene nombre. Se trata del famoso “verde y con asas”.

Es decir. Los jueces y fiscales son personas. Con sus ideologías y sus defectos. El problema viene cuando no dudan en escorarse hacia un tipo de ideología para hacer política desde su profesión. Es lo que creo que está pasando en estos momentos en nuestro país.