La titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta que lleva las diligencias con las que Javier Guerrero anunció en septiembre del año pasado, tres meses antes de ser detenido y encarcelado por presuntos abusos sexuales de menores, que probaría la existencia de una trama de poderes fácticos empecinada en destruirlo coaccionando a niños migrantes solos para que le denunciasen, ha tomado declaración este jueves a
uno de los testigos clave, que se ha desmarcado radicalmente de esa teoría conspirativa. Se trata de un trabajador de la Fundación SAMU que hasta en dos ocasiones alertó a sus superiores (estos al guardador legal de los jóvenes y este a la
Fiscalía) de supuestos comportamientos impropios del médico con menores: la primera vez en el puerto (momento en el que acabó siendo seguido por el doctor en su coche, tal y como testificado) y la segunda en una habitación del Hospital. Esta última fue una de las sirenas que llevó al Ingesa a expedientar al facultativo y a prohibirle por escrito “proporcionar obsequios de cualquier naturaleza a los menores de edad que se encuentran a cargo de la Ciudad sin la previa y expresa autorización por parte de Fundación SAMU”. La importancia de su declaración no deviene solo de las advertencias que cursó entonces y por qué, sino del papel que firmó después en el que se retractaba y asumía haber recelado de forma infundada, influido por compañeros y equivocado. La representación legal de Guerrero hizo valer ese documento ante la jueza la primera vez que archivó el caso, en diciembre, al no apreciar base para mantenerlo en las denuncias cursadas por tres personas directamente ligadas de una forma u otra al
exconsejero: una monitora, un empleado de Cruz Roja y un vigilante de seguridad.
Unas declaraciones que tienen su importancia
El testigo se ha ratificado en que alertó a su jefe de lo que le resultaron y le siguen pareciendo que eran
actitudes anormales de Guerrero. Además, ha explicado que si rubricó un documento cuyo contenido ni recordaba en el que se replegaba fue “bajo amenazas” en una barriada de la periferia precisamente de uno de los tres firmantes de las denuncias que avalan la versión del ahora encarcelado. Según las fuentes consultadas por este periódico, el trabajador ha relatado en sede judicial que su interlocutor (actualmente investigado como Guerrero en otra
causa y por otra jueza por coacciones y posible conspiración de lesiones contra personal del Área de Menores o a su servicio) lo citó para recordarle lo mal que está Ceuta, que por un puñado de billetes te puedes llevar un tiro y que conoce dónde viven sus familiares. En la misma declaración ha negado tener conocimiento de que en los centros de menores de la ciudad se “premiase” a algunos acogidos por acusar de algo al doctor que fue detenido en su domicilio el pasado 11 de enero y que
permanece en prisión provisional ratificada por la
Audiencia Provincial. Además de en la pieza principal por supuesto abusos sexuales y en la separada de coacciones, Guerrero está personado como acusador en esta, como solicitó después de que la instructora acordara archivarla hace algo más de seis meses, cuando concluyó que a la vista de las pesquisas realizadas por la Policía Nacional “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa”.