Del suelo público al negocio privado

Lo que hoy se presenta como una gran operación para impulsar vivienda asequible puede terminar siendo, en realidad, otra pérdida irreversible de patrimonio público. El Ayuntamiento pretende vender una parcela céntrica, estratégica y de enorme valor con la promesa de que el dinero servirá para construir viviendas en otro lugar. Pero esa fórmula —desprenderse del mejor suelo público hoy a cambio de una promesa para mañana— no solo ya ha sido cuestionada por los tribunales, sino que además choca con la propia gestión reciente del Consistorio.

Porque existe una pregunta incómoda que planea sobre toda esta operación: si realmente se quería promover vivienda asequible sin perder patrimonio público, ¿por qué no se utilizó antes el derecho de superficie? Esta figura permite levantar viviendas protegidas manteniendo la titularidad pública del suelo, es decir, construir sin vender. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento tuvo la oportunidad de apostar por ese modelo, con proyectos presentados y la disposición de constructores de llevarlo a efecto en cine África, parcela Hacho, parcela de las antiguas cuadras de ingenieros (UNED) y precisamente las dos de Victori Goñalons, no solo no lo impulsó sino que lo boicoteó. Y, más aún, una de sus primeras decisiones fue suprimir la Dirección General de Suelo y Patrimonio, precisamente el área encargada de proteger, gestionar y rentabilizar estratégicamente esos activos públicos.

Ese precedente resta credibilidad al discurso oficial. Cuesta aceptar que ahora la prioridad sea la vivienda asequible cuando antes se descartaron herramientas eficaces una vez logradas sin perder suelo municipal.

Además, la Justicia ya ha advertido de los riesgos de estas operaciones. En Leganés, un juzgado suspendió cautelarmente la venta de parcelas municipales al considerar que el destino del dinero obtenido era una expectativa “futura e incierta”, sin garantías reales. En otras palabras: vender primero y prometer después no basta cuando se trata de bienes de todos.

También la doctrina jurídica ha sido clara: no se puede cambiar suelo público destinado al interés general por liquidez inmediata sin asegurar legalmente su reinversión y sin respetar el fin para el que ese patrimonio existe.

La cuestión, por tanto, no es solo urbanística. Es política y de confianza pública. Si antes no se quiso construir sin vender, ¿por qué ahora sí se quiere vender para construir? Y sobre todo: ¿por qué la vivienda asequible debe salir del centro mientras el suelo más valioso pasa a manos privadas?

Porque el suelo público que se vende desaparece para siempre. Las promesas futuras, en cambio, pueden cambiar con cada mandato.