A propuesta de la cartera de Hacienda, el Consejo de Ministros, ha aprobado este martes un acuerdo por el que se impulsa un incremento salarial adicional del 0,5% en las nóminas de las empleadas y empleados públicos, información de interés en Ceuta.
Se trata de una medida que beneficiará a más de 3 millones de personas que trabajan para las administraciones o instituciones públicas de todo el país.
La decisión marca la culminación del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que fue firmado en octubre de 2022 entre la entonces titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CCOO y UGT.
Hay que recordar que el alza salarial a la que se hace referencia, “formó parte de ese acuerdo, por el que las retribuciones en el empleo público para funcionarias y funcionarios, personal estatutario y personal laboral se incrementarían en una parte fija y en otra parte variable en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, siendo todas ellas consolidables”.
De acuerdo con la información reseñada por el Ministerio de Hacienda, “en el primer año, la subida fue del 3,5%. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPCA y del PIB, del 1%”, añadiendo que “por último, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se añadía una parte variable del 0,5% en función de los parámetros marcados por el IPCA”.
Adicionalmente, han indicado que “concretamente, esta subida del 0,5% que ahora se aprueba cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio”.
¿Cómo se calculará?
Este incremento que ha sido recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros “se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023”.
Por otra parte, se materializará “en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos”.
Sobre este pago adicional, se deja saber que “incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual. Y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas”.
“Con esta decisión, el Gobierno cumple con sus compromisos con las 3.043.024 empleadas y empleados públicos que desempeñan la labor del servicio público desde las administraciones del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y de otras instituciones públicas, que quedaron recogidos en ese Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”, han agregado desde el Ministerio de Hacienda.
Buen desempeño del empleo público
“Ese acuerdo, firmado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en octubre de 2022, reconocía el buen desempeño del empleo público e incluía el compromiso de realizar reformas para modernizar las Administraciones Públicas con el fin de que se adapten a las necesidades de la ciudadanía y a la economía. Un pacto que también comprendía la recuperación de los derechos que fueron arrebatados a empleadas y empleados públicos en el año 2012”, han rememorado.
Para finalizar, el Ministerio de Hacienda deja claro que “unos compromisos que se han ido cumpliendo en el trienio que comprendía el Acuerdo Marco”, acotando que “esto no se ha concretado solo a través de las subidas salariales pactadas, todas ellas ya aplicadas”.
Igualmente, han dejado saber que “ha quedado reflejado en otras medidas de calado que han servido para reforzar el sector público, y que comprenden ámbitos como el empleo, el reconocimiento de derechos, la igualdad o la atención al ciudadano”.
Reacción de los sindicatos
CCOO y UGT han celebrado en un comunicado la aprobación de la subida salarial pendiente, aunque han recriminado al Ejecutivo la "tardanza", pues "llega con 18 meses de retraso".
Asimismo, han advertido al Gobierno de que aún queda pendiente de cumplir "una parte importante" del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI que firmaron con el Ministerio de Función Pública.
Estos "incumplimientos", mencionan los sindicatos, son, entre otros, la jubilación parcial, la jornada de 35 horas, la clasificación profesional o la mejora de las retribuciones de 2025.
Por todo ello, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO mantienen la reunión de sus máximos responsables de la Función Pública prevista para el próximo jueves 3 de julio, y la rueda de prensa conjunta, posterior a la reunión.
CSIF exige la convocatoria de la mesa de negociación
El Sindicato CSIF, por su parte, ha exigido la convocatoria "urgente" de la mesa de negociación, con el objetivo de poner sobre la mesa un nuevo acuerdo salarial "que permita aplicar la subida de este año y cerrar ya la oferta de empleo público de este año, sin tasa de reposición".
Según cálculos de CSIF, a partir de las retribuciones medias, la congelación salarial "retiene ya 1.800 millones de euros a los trabajadores del conjunto de las administraciones".
Por esta razón, indican que los empleados públicos "han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8% desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010".
Asimismo, dentro de la mesa de negociación, también piden que se hable de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado, así como la implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
También reclaman la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; la recuperación de la estructura salarial a los recortes de 2010; o la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas.
Por último, piden la adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones.
