Ceuta necesita un apoyo permanente de la Administración General del Estado y, con su coordinación, del resto de regiones, para dar la atención que precisan los menores extranjeros no acompañados que llegan a la ciudad, como al archipiélago canario, a la otra ciudad autónoma o a Andalucía, los puntos del país que registran una presión migratoria infanto-juvenil de mayor intensidad.
El Ministerio de Derechos Sociales y la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas han demostrado hasta ahora una gran sensibilidad para atender esa problemática y el número de niños migrantes solos que permanece actualmente acogido por la administración local es el más bajo en muchos años.
Para conseguirlo ha sido efectivo el cambio de régimen de tránsito fronterizo aplicado en el Tarajal, pero también los compromisos y pactos solidarios alcanzados para la derivación desde Ceuta a otros puntos del país de menores cuando se superan unos niveles de sobreocupación de las instalaciones existentes.
El último intento de la Ciudad por reducir la saturación con la externalización de la atención integral a un centenar de niños ha vuelto a quedar desierto, pero se trata de un recurso, el de buscar equipamientos, al que no se puede renunciar.
La Iglesia o Defensa, propietarios de inmuebles en la ciudad, han dado la espalda hasta ahora a cualquier posibilidad de colaboración para satisfacer esa necesidad, por lo que toca acelerar la construcción del nuevo Centro de Menores que se sufragará con fondos europeos en Los Rosales y mantener la fructífera colaboración con el Estado y otras regiones que ha desarrollado el Área que dirige Toñi Palomo sin pensar siquiera en volver a recurrir a supuesta soluciones estrambóticas que solamente han dado pie a problemas legales y ridículos internacionales.
