Miles de mutualistas en España, también en Ceuta, se encuentran atrapados en un proceso administrativo que, lejos de facilitarles la recuperación del dinero que abonaron de más en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha terminado por convertirse en una odisea burocrática.
A pesar de que el Tribunal Supremo reconoció en 2023 su derecho a recibir estas devoluciones, recientes modificaciones legislativas han hecho que muchas solicitudes queden en el aire, generando una situación de incertidumbre para los afectados.
El problema arranca con las sentencias del Tribunal Supremo de 2023, que obligaron a la Agencia Tributaria a modificar su criterio y reconocer el derecho de ciertos pensionistas –por jubilación o incapacidad– a recibir la devolución de cantidades indebidamente abonadas en su tributación como mutualistas.
En respuesta a este mandato judicial, a principios de 2024 Hacienda habilitó un formulario online para que los afectados pudieran gestionar sus solicitudes de manera más ágil.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que la solución no ha sido tan sencilla. Muchos mutualistas han encontrado dificultades para presentar la documentación requerida, en especial cuando se trata de acreditar pagos realizados hace décadas.
Ante esta situación, la Agencia Tributaria terminó aceptando la acreditación de la vida laboral en el periodo correspondiente como prueba suficiente para procesar la devolución.
Pero cuando parecía que el proceso avanzaba hacia una solución efectiva, una nueva barrera legislativa apareció en el camino.
La aprobación de la ley que fija un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales, lejos de estar relacionada con los mutualistas, incluyó una disposición que ha modificado las normas para el reintegro de sus devoluciones.
Como consecuencia, miles de reclamaciones que no habían sido resueltas antes del 22 de diciembre de 2024 han quedado automáticamente invalidadas, dejando a los afectados en una situación de indefensión.
Además, la normativa impone que las nuevas solicitudes se realicen de forma fragmentada, es decir, reclamando año por año y siguiendo un orden de antigüedad a través de un nuevo formulario.
Esta exigencia no solo complica aún más el trámite para los mutualistas, sino que también ralentiza el proceso de devolución, alargando los plazos de manera considerable.
La falta de claridad sobre cuántos mutualistas siguen pendientes de recibir su dinero y qué cantidad total adeuda Hacienda genera aún más preocupación entre los afectados.
A pesar de que las reclamaciones estaban avanzando, el cambio en la normativa ha hecho que muchas solicitudes queden en "papel mojado", dejando a los pensionistas sin respuestas y sin su dinero, como denuncia En Comú Podem.
Además, este cambio en el método de reintegro ha levantado sospechas entre los mutualistas, que temen que la modificación tenga como objetivo retrasar el pago de las devoluciones.
La carga administrativa del trámite, que recae directamente sobre personas jubiladas o con incapacidad, ha sido otro de los aspectos más criticados de esta reforma.
Ante esta problemática, la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha llevado el asunto al Congreso preguntando al Gobierno sobre cuántos mutualistas siguen sin recibir las devoluciones que les corresponden y qué cantidad total se les adeuda.
Asimismo, Vidal ha solicitado información sobre cuántas solicitudes quedaron sin efecto tras la entrada en vigor de la nueva normativa el 22 de diciembre de 2024 y qué montante total hubiera supuesto la devolución de esas solicitudes si hubieran sido aprobadas.
Otra cuestión clave que ha planteado la diputada es si los cambios en el procedimiento responden a una estrategia para retrasar el pago de las devoluciones, dificultando el acceso de los mutualistas a su dinero.
Además, ha preguntado si el Ministerio de Hacienda está considerando modificar nuevamente el sistema de reintegro, dada la complejidad del trámite y su impacto en los afectados y sus familias.
Mientras tanto, los mutualistas siguen esperando una solución que les permita recuperar su dinero sin trabas ni demoras. La lucha por sus derechos continúa, pero el proceso administrativo se ha convertido en un obstáculo que, lejos de simplificar las devoluciones, parece estar diseñado para complicarlas aún más.
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