Después del regreso voluntario de los miles de marroquíes que entraron en España por falta de barreras en la frontera, ¿seguimos esperando a que se vayan voluntariamente los que quedan, por desatención institucional o le prestamos ya la atención humanitaria de emergencias? Ya a mediados del siglo XVII, filósofos políticos como John Locke ya debatían sobre este asunto. El que fuera el inspirador de la Declaración de Independencia de los EEUU de América y el Padre del Liberalismo ya dejó por escrito, en sus dos Tratados sobre el Gobierno Civil, que las invasiones deberían anular cualquier reclamación de derechos porque éstos solo nacen del trabajo y del consentimiento mutuo, jamás de la fuerza o de la usurpación del territorio ajeno. Para Locke, la misión del Estado es proteger tres derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Los ciudadanos ceden a un gobernador imparcial la protección de estos derechos a través de un consenso escrito o contrato social, nuestras leyes. Si el gobierno o el Estado incumplen esta misión, existe un cuarto derecho: el que tiene los ciudadanos para derrocar al tirano y defender estos derechos.
No obstante, para el mismísimo Locke, si no se trata de una invasión militar o un acto de fuerza, y quienes entran en un territorio vecino son personas de extrema vulnerabilidad social, caso de menores no acompañados, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, perseguidos, se debería activar una ley diferente a las leyes políticas: La Ley de la Naturaleza y el Deber de la Caridad; es decir, la atención humanitaria regida por la razón (principios éticos universales) o por la religión (caridad). Así lo hemos visto estos días por parte de mujeres voluntarias de la barriada de Los Rosales y del Príncipe, y de algunas ONGS. Este drama humanitario de más de cien muertes en el Tarajal y la huida en masa de tantos ciudadanos marroquíes hacia la vecina España vuelven a dejar en evidencia la falta de cumplimento del contrato social por parte del Rey de Marruecos y de sus aliados, ya que no garantizan la protección de los tres derechos naturales: la vida, la libertad y la prosperidad de sus ciudadanos. Es por eso que sus súbditos tienen el derecho a rebelarse contra su gobierno y a no ser masacrado por ello, o a solicitar la protección internacional del asilo o del visado humanitario.
Mientras los marroquíes encuentran su momento para hacer la Revolución “pacífica” y los islamistas o ciudadanos europeos de tradición islámica se liberan de la tutela del Rey de Marruecos o de la de Arabia Saudí, pueden ir pensando sobre los inconvenientes de la concentración de poder en tan pocas manos; esto ese, en dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quizás no sea lo mejor para el pueblo que el Rey también sea el Comendador de los Creyentes y, por tanto, que el Estado sea monoconfesional. Acaparar demasiado poder es no avanzar hacia una separación real de poderes -el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el mediático, el religioso-, que permita su contrapeso, y que es el mejor antídoto contra las arbitrariedades, las manipulaciones y las coerciones; en definitiva, contra el uso de la la fuerza o de las decisiones ilegítimas.
Según Locke, un hombre puede apropiarse de algo solo si “queda suficiente y de igual calidad para los demás”. Si el sistema de gobierno falla y la economía del país les priva de los recursos básicos para subsistir, estas personas tienen el derecho de recuperar su libertad natural (la que habían dejado en manos del gobierno) para buscar esos recursos en otra parte del planeta porque la Tierra pertenece a toda la Humanidad. ¡Ya no serían súbditos, serían Huéspedes! Pero eso sí, las personas que entran pacíficamente en un país vecino huyendo de la miseria o de la violencia deben someterse a las leyes locales desde el mismo momento que cruzan la frontera. Es lo que Locke denomina vínculo de obediencia temporal. A cambio de ese respeto a las leyes, el gobernante del país vecino deberá ofrecer la asistencia básica y la defensa judicial. Aún así vivir en un lugar y recibir protección no convierte a nadie en un ciudadano con derechos políticos plenos como elegir gobernantes o adquirir de forma automática la nacionalidad. Para ello se requiere un pacto sincero y expreso de naturalización y un compromiso de trabajo que genere riqueza para dejar de ser una carga para el Estado.
Es por todas estas reflexiones por lo que a John Locke también se le considera el Padre del Derecho Internacional Humanitario actual, que se resumen en dos principios:
El principio de No Devolución de una persona a un territorio donde su vida o libertad peligren.
Y la prevalencia de los Derechos Humanos (salud, trabajo, educación, defensa judicial) sobre la Soberanía territorial.
Estos principios son el sustrato de algunas de las corrientes actuales de filosofía política:
El Cosmopolitismo y las Fronteras Abiertas de Joseph Carens. Defiende que el lugar de nacimiento es una lotería genética y que todos los seres humanos poseen la misma dignidad y derechos humanos al nacer, por lo que los Estados no tienen justificación moral para no conceder visados que permitan la libertad de movimiento de las personas que quieran mejorar sus vidas; de lo contrario estaremos favoreciendo una forma moderna de exclusión feudad
El Comunitarismo y la Soberanía democrática de Michael Walzer. Este modelo, por el contrario, defiende el derecho a la autodeterminación y la clausura territorial. El Estado sólo tendría la obligación moral de atender a refugiados políticos bajo el principio de ayuda mutua urgente, siempre que con ello no se destruya el tejido de la propia cultura de la sociedad de acogida.
El Enfoque de las Capacidades de Martha Nussbaum y Amartya Sen, que en vez de hablar de leyes naturales o de contrato social social habla de las capacidades básicas imprescindibles para una vida digna (vida, salud, integridad física, libertad de afiliación) y de la importancia del desarrollo humano, más allá del económico, impulsado por el debate y la participación ciudadana.
La Teoría de la Justicia de John Rawls, que entiende la justicia como igualdad, esto es, sólo deberíamos aceptar las diferencias o desigualdades socioeconómicas si favorecen a los que menos tienen.
Y ahora, ¿dónde te colocas tú? Creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo con estos planteamientos. El problema es que desde las altas instancias se emitió un diagnóstico claro -un ataque, una violación de la integridad territorial del España-, pero sin identificar al tirano ni detallar las causas; quizás diplomacia obligue. Ninguna cara visible del gobierno central ni del Estado ha permanecido en Ceuta para dar aliento y coordinar el caos: Ni rey ni presidente ni ministro. Hoy se oyó con contundencia la voz de la fiscal general del Estado. Y me pregunto: ¿No hay un CECOPI o Centro de Coordinación Operativa Integrado en Ceuta?
