El Sindicato Médico de Ceuta (SMC), representante en la ciudad de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), ha denunciado ante la Dirección General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) una posible obstrucción del derecho fundamental de huelga de los facultativos que participan en el actual conflicto colectivo de ámbito nacional.
La organización sindical ha remitido un escrito a la Dirección General del Ingesa, con copia al director territorial en Ceuta, Jesús Lopera, y al gerente del Área Sanitaria, en el que expresa su preocupación por determinadas actuaciones que, a su juicio, podrían condicionar el libre ejercicio de este derecho constitucional.
Según expone el sindicato, diferentes responsables facultativos están recibiendo comunicaciones en las que se les insta a corregir desviaciones relacionadas con listas de espera, actividad quirúrgica, consultas externas y otros indicadores asistenciales incluidos en el Acuerdo de Gestión 2026.
El SMC subraya que dicho acuerdo fue suscrito exclusivamente entre la Dirección General del Ingesa, la Dirección Territorial y la Gerencia del Área Sanitaria de Ceuta, sin que existiera participación ni negociación alguna con los facultativos.
Para la organización, el problema no radica en la existencia de mecanismos de evaluación de la actividad asistencial, sino en el momento elegido para exigir su cumplimiento. Recuerda que el seguimiento de la huelga médica tiene una repercusión directa sobre la actividad ordinaria del sistema sanitario, afectando inevitablemente a consultas, intervenciones quirúrgicas y listas de espera.
"No puede exigirse simultáneamente a un profesional que ejerza un derecho fundamental reconocido por la Constitución y, al mismo tiempo, responsabilizarle de las consecuencias que ese mismo derecho produce sobre unos indicadores asistenciales", sostiene el sindicato.
El SMC recuerda además que los médicos ya asumen una penalización económica cada vez que secundan una jornada de huelga mediante la correspondiente detracción salarial. Sin embargo, considera que añadir ahora un posible perjuicio sobre el cumplimiento de objetivos o sobre los sistemas de productividad variable supondría una presión adicional sobre los profesionales.
A juicio del colectivo, estas comunicaciones generan objetivamente un efecto disuasorio al trasladar la percepción de que participar en la huelga podría tener consecuencias sobre la evaluación profesional o sobre las retribuciones variables.
"El derecho de huelga no puede ejercerse bajo la amenaza, explícita o implícita, de sufrir consecuencias distintas de las previstas legalmente", advierte la organización.
Ante esta situación, el Sindicato Médico ha solicitado formalmente a la Dirección General del Ingesa que aclare cuál será el tratamiento de los indicadores afectados por el conflicto colectivo y que garantice expresamente que el ejercicio legítimo del derecho de huelga no producirá consecuencias desfavorables, ni directas ni indirectas, sobre la evaluación de objetivos, la productividad o cualquier otro sistema de valoración profesional.
Asimismo, reclama que se impartan instrucciones claras a los distintos órganos directivos y mandos intermedios del Área Sanitaria para que, mientras permanezca vigente la convocatoria de huelga médica nacional, se abstengan de realizar requerimientos que puedan interpretarse como exigencias de cumplimiento ordinario de objetivos sin tener en cuenta el impacto de la propia huelga sobre la actividad asistencial.
El SMC recuerda que el conflicto médico continúa abierto debido, según denuncia, a la falta de negociación por parte del Ministerio de Sanidad, de la ministra Mónica García y del propio Ingesa.
En este contexto, el sindicato advierte de que cualquier actuación que pueda interpretarse como un obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental no hace sino incrementar la tensión existente entre la Administración y los profesionales sanitarios.
Para la organización, la defensa de la sanidad pública pasa también por el respeto a los derechos de quienes la sostienen diariamente. "Un sistema sanitario fuerte no puede construirse limitando derechos fundamentales, sino garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y el respeto a la legalidad", concluye el comunicado.
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