Además de un ambiente laboral peligroso, el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal no cuenta con la clasificación correcta. No es sólo una demanda de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, sino que el mismo Gobierno de la Nación lo ha reconocido ya, después de que los senadores por Ceuta, Fátima Mohamed Dos Santos y Guillermo Martínez Arcas, elevaran esta cuestión al Senado para que el Ejecutivo terminara de confirmar la denuncia que se venía haciendo desde que abandonaron la cárcel de Los Rosales.
Actualmente, la prisión de Fuerte Mendizábal mantiene la clasificación 2.2. Insular, la misma que tenía la anterior cárcel. Al haberse trasladado al nuevo centro penitenciario, el cual cuenta con otras dimensiones y otro tipo de composición, debería ser catalogada por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias como 1.1. Insular, lo que supondría unas diferencias retributivas para el personal en su complemento específico que pueden superar los 3.000 euros al año.
Esta situación fue trasladada a los senadores a principios de año, quienes preguntaron al Gobierno si era cierto que, actualmente, Fuerte Mendizábal contaba con una calificación incorrecta, respuesta que terminó por darle la razón a los trabajadores. “Tras la clausura del antiguo centro penitenciario de Ceuta con la consiguiente inauguración y apertura del nuevo, existen importantes motivos para plantear y acometer el cambio de categoría, ya que la que tenía asignada el anterior establecimiento no se corresponde con la estructura y complejidad del nuevo centro penitenciario”, resolvía el Gobierno estatal.
Pese a que la contestación del Ejecutivo se recibió el pasado 28 de febrero, hasta el momento la Administración no ha actuado, confirmaba ayer el delegado sindical en prisiones de UGT, Mohamed Haidor. “Aún no tenemos respuesta del Gobierno”.
Este hecho no va a lograr que cejen en su empeño de ser reconocidos con la seguridad que este centro requiere, así como la exigencia que mantienen para que Instituciones Penitenciarias interceda para que la dirección de Fuerte Mendizábal conforme una Relación de Puestos de Trabajo también acorde a las nuevas instalaciones. Actualmente son dos los módulos abiertos en los que “viven hacinados los reclusos”, sin la clasificación que les corresponde, lo que finalmente deriva en ese ambiente laboral que ayer reclamaron, que termina derivando en agresiones al personal.
Considerando la situación actual del Gobierno, con la disolución de las Cortes con miras a las próximas elecciones, desde las centrales sindicales consideraron que la opción más viable para acabar con el problema era que el Gobierno dictara un Real Decreto para la recalificación del centro, situación que tampoco se ha dado.
Una vez que obtuvieron la respuesta del Gobierno dándoles la razón, no se ha hecho más que acrecentar la voluntad de los trabajadores de la prisión para seguir reclamando un entorno laboral digno. Después de que los canales de comunicación entre los sindicatos y las Dirección de Instituciones Penitenciarias y el mismo Ministerio del Interior se rompieran, si persiste esa negación a la recalificación del centro, los sindicatos no descartan llegar a judicializar el asunto por la vía Contenciosa-Administrativa.
