El Senado tiene previsto aprobar el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, una medida que reconoce formalmente a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, información de interés también en Ceuta.
Esta actualización legal implica que cualquier interno que agreda a un empleado penitenciario se enfrentará a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel, conforme a lo estipulado en el artículo 550 del Código Penal. La tramitación de esta proposición de ley, según lo que destaca la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha sido fruto directo de intensas negociaciones encabezadas por ellos que lograron forjar un acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) para garantizar los apoyos parlamentarios necesarios.
Presunción de veracidad y protección jurídica para el personal penitenciario
Según ha explicado CSIF en un comunicado de prensa, el nuevo marco legal otorga al personal de las cárceles la presunción de veracidad, de modo que sus informes constituirán base suficiente para la adopción de resoluciones administrativas, salvo prueba en contrario. Asimismo, la normativa contempla la compensación económica por parte de la Administración ante los daños personales o materiales sufridos durante el ejercicio de sus funciones.
Entre las garantías de seguridad aprobadas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios hace hincapié en la separación del resto de detenidos durante los traslados o ingresos en prisión de los funcionarios agredidos, extendiéndose las medidas de protección a toda la plantilla, incluido el personal laboral. Con ello se pretende responder a décadas de indefensión jurídica y agresiones impunes en el ámbito penitenciario.
— CSIF PRISIONES (@CSIFPRISIONES) September 28, 2026
"Este reconocimiento es una reivindicación histórica que CSIF asume como un triunfo, teniendo en cuenta además el contexto de violencia e inseguridad creciente que sufre el personal de Instituciones Penitenciarias en las cárceles. Según datos oficiales, cada año se producen más de 500 agresiones, lo que equivale a una agresión cada 18-20 horas", ha señalado el sindicato.
Alarmante aumento del hacinamiento y más de 500 agresiones anuales
La reforma legal a la que se hace referencia, responde a la situación de inseguridad en los centros penitenciarios, donde se contabilizan más de 500 agresiones anuales, lo que representa un episodio violento cada 18 o 20 horas.
El entorno de trabajo, según lo que traslada CSIF, se ha deteriorado debido al incremento constante de la población reclusa, registrándose 6.200 nuevos internos en los últimos dos años (desde 2024).
A este panorama de hacinamiento penitenciario se suma una persistente falta de personal en áreas críticas como Vigilancia y los servicios sanitarios. La carencia de personal médico resulta especialmente problemática, al ser indispensables tanto para la salud de los reclusos como para el cumplimiento del régimen disciplinario. Esta escasez de plantilla ha provocado el mantenimiento de módulos de prisiones cerrados, dificultando la correcta clasificación interior de los presos.
"La situación en los centros penitenciarios ha empeorado en los últimos años, con episodios en los que varios funcionarios estuvieron cerca de ser asesinados a manos de reclusos. Además, de modo bastante habitual se producen agresiones múltiples y ataques por parte de internos radicalizados o con patologías psiquiátricas", han recalcado.
Exigencias de CSIF: refuerzo de plantilla y actualización de la legislación
Ante esta realidad, el sindicato CSIF ha reclamado a la Secretaría de Estado de Función Pública un refuerzo urgente de personal para cubrir las vacantes existentes. Igualmente, ha instado al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a impulsar una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria adaptada a la realidad actual de los centros.
Entre las necesidades prioritarias señaladas se encuentra la actualización del régimen disciplinario y de los medios coercitivos, así como la adecuación de las clasificaciones a perfiles de reclusos más complejos, tales como terroristas, miembros de bandas organizadas, paramilitares del Este, condenados por violencia de género e internos con patologías psiquiátricas.
