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“Siempre con fuerza en las cosas y muchas veces con violencia”

Por A.Q.
07/04/2015 - 22:27

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 El rechazo en frontera no es una medida para “promover la salida de quienes han entrado ilegalmente” en Ceuta o Melilla sino para “evitar la entrada de centenares de inmigrantes que pretenden vulnerar en grupo, de forma ilegal y en la mayor parte de los casos violenta (siempre con fuerza en las cosas y muchas veces con violencia sobre las personas), el perímetro fronterizo”.

Así ha respondido el Gobierno de Mariano Rajoy a una batería de preguntas del diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que interpeló al Ejecutivo para, entre otras cosas, saber si España considera que la Comisión Europea, el Consejo de Europa, ACNUR y la ONU están “equivocadas” en sus críticas “a las expulsiones sumarias, calificadas bajo la ficción jurídica de ‘rechazos en frontera”. Para el Gobierno central, España, “como Estado soberano e integrante de la Unión Europea”, tiene “la obligación” de vigilar y proteger sus fronteras, “como impone el Derecho Comunitario y el Nacional con el objetivo, entre otros, de impedir el cruce de las fronteras por puntos no habilitados al efecto. “El objetivo de la enmienda a la Ley Orgánica de Extranjería” introducida en la de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor justo antes de Semana Santa, es “dotar de mayor seguridad jurídica a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respetando, en todo momento, la normativa internacional de Derechos Humanos y de Protección Internacional de la que España es parte”. “En el desempeño de sus funciones”, resalta la Administración General del Estado en su contestación al congresista vasco, “las Fuerzas de Seguridad actúan siempre de acuerdo con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Dicha actuación”, añade, “se desarrolla velando por la seguridad de las personas y el respeto de los Derechos Humanos, así como el acceso a la Protección Internacional”. Derechos “garantizados” En este sentido, el Gobierno de Rajoy pone de relieve que en las ciudades autónomas el derecho de asilo “se encuentra garantizado de igual manera que en el resto del territorio nacional”. Todos los que manifiestan su derecho de presentar una solicitud de ese tenor tienen información para hacerlo y el procedimiento es “el mismo” que en el resto de España. “A este respecto”, recuerda la respuesta gubernamental, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, “se debe señalar el avance que las nuevas Oficinas de Asilo y Refugio en Ceuta y Melilla supondrá en la gestión de estas peticiones en los puestos fronterizos”. “Cuando se produce la entrada irregular de un inmigrante en territorio nacional le es de aplicación lo establecido en la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la que se recogen los distintos procedimientos de repatriación y las garantías de las personas a las que se van a aplicar”. La Policía Nacional es la encargada de “garantizar” a cada foráneo al que se incoa un expediente de devolución “la posibilidad de formular una solicitud de Protección Internacional, de forma que, aun cundo ya haya sido adoptada una resolución de devolución, esta no podrá llevarse a cabo y quedará en suspenso su ejecución”, ha detallado el Ministerio del Interior en su explicación al parlamentario de Amaiur. Iñarritu no ha tenido respuesta, sin embargo, a sus preguntas sobre la viabilidad de que un inmigrante subsahariano tenga acceso a las Oficinas de Asilo y Refugio recién abiertas en las fronteras de las ciudades autónomas. El diputado preguntó al Gobierno si es “consciente” de que “los subsaharianos no están teniendo acceso” y sobre si “se ha realizado alguna gestión con las autoridades marroquíes para que permitan a estas personas acercarse a los puestos habilitados” pero la contestación del Ejecutivo central no ha aludido siquiera a esta vertiente de la media docena de preguntas formuladas. Tampoco ha contestado a “qué medio legal tienen los subsaharianos que están intentando acceder Ceuta y Melilla para solicitar asilo si no pueden acceder a los puestos de frontera y a la vez son expulsados de manera sumaria al entrar a territorio español saltando la valla”.

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