Ante los últimos brotes generados por la COVID-19, muchos sectores laborales han visto afectadas sus condiciones habituales. Pero, según la senadora de Vox en Ceuta, Yolanda Melero, las de los funcionarios de prisiones ya venían marcadas previamente por algunos puntos que atornillar. En una rueda de prensa celebrada esta mañana en la Comisión de Interior del Senado, Melero ha denunciado “la dramática situación de los funcionarios de prisiones y el abandono en el que se encuentran por parte de las instituciones del Estado”.
Los 23.000 trabajadores que, según indica la senadora, trabajan en estos centros se encuentran en una situación de precariedad ante la necesidad de "mejorar la dotación humana" y los "materiales" en los mismos. Los materiales a los que se refiere, dadas las situaciones de peligrosidad que frecuentan a los funcionarios en las prisiones, son principalmente guantes anticorte, grilletes, chalecos o pistolas eléctricas. A esta reclamación se suma la de mejorar las condiciones en las que trabajan dichos empleados y, para lograrlo, tanto Melero como su partido apuestan por apoyar una moción con la que elaborar una ley de Régimen de Personal de Instituciones Penitenciarias, así como un estatuto propio que incluya, entre otras medidas, la equiparación salarian de los trabajadores ceutíes con los de Cataluña, comunidad autónoma que Melero expone como ejemplo. De esta forma, continúa la senadora, se agilizará la posibilidad de ajustar las condiciones laborales de los funcionarios a sus necesidades específicas.
Ahora, con menos plazas ofertadas según indica la portavoz del partido por la ciudad autónoma, se suma también la situación de quienes ejercen la medicina en estos centros penitenciarios pues, tal y como traslada Melero, la peligrosidad añadida de su profesión en una situación tan excepcional como la causada por el avance del coronavirus en la zona se suma a la "improvisación absoluta" que impera, prosigue, en su lugar de trabajo. Como guinda a las reivindicaciones comunicadas en la Comisión, la senadora apunta a reconocer a este perfil laboral como agentes de la autoridad para que no se vean afectados por la instrucción que ahora les concierne y por la cual se exponen a una previa presunción de culpabilidad.
