La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión preventiva en Ceuta del patrón de una embarcación a quien detuvo la Guardia Civil cuando pretendía alcanzar las costas peninsulares con 17 inmigrantes marroquíes a bordo.
Ante su señoría se ha acogido a su derecho a no declarar, ordenándose su ingreso en prisión preventiva a la espera de juicio por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tal y como han confirmado fuentes judiciales a este periódico.
Los interceptados cruzaron a Ceuta con motivo de la reciente entrada masiva de finales de julio.
Las tarifas de la inmigración, hasta 5.000 euros
Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que los inmigrantes habían acordado abonar un dinero para cruzar a las costas peninsulares. El ‘peaje’ se abonaba al llegar a Algeciras.
Las tarifas oscilaban entre los 4.500 y los 5.000 euros. Hay un dato importante, la embarcación tenía una capacidad máxima para 10 personas, pero en total iban casi 20, contando los inmigrantes y el acusado. Son circunstancias que convierten cada una de esas salidas en un riesgo.
En otras intervenciones realizadas por la Benemérita la pasada noche pudieron interceptar inmigrantes, pero no detuvieron al piloto porque esa labor fue encomendada a uno de los propios irregulares.
Las estadísticas de la inmigración clandestina
Solo en las últimas 24 horas, los agentes de la Guardia Civil adscritos al Servicio Marítimo, con apoyo de otras unidades, han logrado interceptar hasta 5 embarcaciones cargadas de inmigrantes.
Han sido horas de trabajo al límite, un trabajo en el que además de salvar vidas hay que actuar contra los pases clandestinos que han repuntado de forma importante tras la entrada masiva orquestada por Marruecos.
En este caso en concreto, la intervención se llevó a cabo a ocho millas de Santa Catalina, en donde los agentes del Servicio Marítimo detuvieron al patrón en plena travesía hacia la Península.
Su intento de cruce a la Península quedó abortado por los componentes de la Guardia Civil. Deberá responder judicialmente de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
