La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), con representación en Ceuta, ha lamentado este lunes que nuevamente los grupos políticos de todas las ideologías se olvida del riesgo de la profesión militar pese a casos como el de Cerro Muriano.
El Pleno del Senado aprobó el día 3 de abril una iniciativa presentada por el PP a favor de que se considerase profesión de riesgo a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, enmendada por el propio partido para ampliarla a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, como venían demandando las asociaciones profesionales en Ceuta.
La moción fue aprobada por 144 a favor (PP, VOX y UPN), 3 en contra (ERC, Bildu y BNG) y 103 abstenciones (PSOE, Sumar, Junts y PNV).
Desde ATME manifiestan que no se sabe si es más "lamentable" que los diferentes grupos políticos "se olviden" de los militares para incluirlos en esta categoría profesional o, "lo que todavía sería peor, si después de valorarlo consideran que esta profesión no es de riesgo".
ATME recuerda que lleva meses luchando para que la profesión militar sea reconocida dentro de esta categoría, al considerar que muchas de las funciones que realizan las fuerzas armadas están englobadas en la categoría de riesgo, como lo demuestra el elevado número de fallecidos y accidentados en acto de servicio que sufren estos servidores públicos. Tal es el caso de los hechos ocurridos en Cerro Muriano.
Según datos del Observatorio de la Vida Militar, entre el periodo comprendido entre los años 2019 y 2022, en acto de servicio fallecieron 56 militares (25 reconocidos 31 estaban en estudio a fecha de elaboración de la estadística) y 476 resultaron heridos.
A estas cifras habría que sumarles las del año 2023 y año 2024, de las cuales no se conocen todavía cifras oficiales; pero valga de ejemplo que desde el mes de diciembre del año 2023 hasta marzo de 2024 se han producido, que se conozca a través de los medios de comunicación, 3 muertos y 12 hospitalizados también en acto de servicio.
En el Pleno del Senado, también se rechazó una enmienda de Junts per Catalunya que pretendía ampliarlo a los bomberos de empresa (aeropuertos, centrales nucleares, petroquímicas, etc.), funcionarios de prisiones y el resto de cuerpos de seguridad y emergencias de las autonomías y, en el caso de Catalunya, además de éstos, el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente hay una serie de profesiones consideradas de riesgo como los trabajadores incluidos en el estatuto minero, personal de vuelo, trabajadores aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Foral de Navarra y policías locales.
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