El recurso presentado por el abogado de la familia de la ceutí Encarnación Salazar, que falleció en 2008 tras una operación practicada en Málaga, contra el auto de apertura de juicio oral ha sido estimado, al igual que su petición para que se investigue si cabe una posible implicación de otros dos facultativos en este caso. Lo que se tenía hasta ahora era la imputación de un único médico, por una presunta mala praxis en la intervención practicada a Salazar. Algo que había contrariado a la familia que defendía que dicha imputación debía extenderse a otros dos médicos más, por lo que se negaban a que se dictara la apertura del juicio oral sentando a un único profesional sanitario en el banquillo de los acusados.
Ahora, estimado el recurso del abogado Javier Cabillas, que defiende los intereses de la familia Salazar, se abre un nuevo proceso en este caso ya que habrá que proceder al interrogatorio de estos dos facultativos.
Son ya varios años de lucha los que lleva la familia de Encarnación Salazar desde la muerte de la joven, a los 44 años, en el Hospital Carlos Haya. En abril de 2008 comenzó una batalla judicial que ha estado marcada por retrasos, peleas burocráticas judiciales y petición de pruebas. El mes pasado se conocía el escrito de conclusiones provisionales hecho por el Ministerio Fiscal, en el que se consideraba la existencia de una irregularidad médica por parte de uno de los cirujanos que intervino en la operación de estética a la que se sometió la joven. El Ministerio Público relaciona a uno de los cirujanos plásticos que participó en la operación con un presunto delito de homicidio por imprudencia. En su escrito de calificación, del que ya se hizo eco ‘El Faro’, el Fiscal solicitaba una condena para el médico de dos años y medio de cárcel y el pago de una indemnización de 240.000 euros. El caso está centralizado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga. El Ministerio Fiscal indica que la intervención se llevó a cabo “sin la previa realización de una ecografía” que hubiera servido para conocer el grosor de la pared abdominal y la presencia de diastasis de rectos (separación de los músculos del abdomen tras los embarazos, lo que crea una zona de debilidad abdominal). Indica el Fiscal que durante la operación, se “manipuló incorrectamente las cánulas de aspiración”, que penetraron en la cavidad abdominal de la mujer originándole perforaciones intestinales. Esto se tradujo en “una peritonitis, arritmia ventricular maligna y un fallo multiorgánico que desembocaron finalmente en el fallecimiento” de la joven, que tuvo lugar cinco meses después en el Hospital Carlos Haya.
