“Se ha roto la línea entre lo político y lo funcionarial”

Fuentetaja critica que algunos partidos han utilizado la Función Pública para  “ubicar y colocar redes clientelares”

El profesor de Derecho Administrativo Jesús Ángel Fuentetaja desarrolló ayer en la UNED dos conferencias para analizar el estado de la Función Pública en la crisis. Al finalizar la primera de ellas concedió una entrevista a este medio para hablar de las conclusiones.
–¿Qué va a aportar con su intervención en este Curso?
–Que la crisis económica ha bloqueado el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que está pendiente desde 2007 en muchas administraciones, empezando por la del Estado y siguiendo por muchas comunidades autónomas, y la inmensa mayoría de administraciones locales que tampoco lo han desarrollado. Luego también apuntar que hay una serie de aspectos que la crisis económica ha puesto en tela de juicio o en un cuestionamiento radical y esencial, como si el régimen de Función Pública sirve realmente para servir a los intereses del Estado y de los ciudadanos, y está obligando a identificar todos aquellos aspectos que se han ido adhiriendo como patologías o privilegios injustificados, prácticos o en la regulación de los empleados públicos, que será necesario eliminar.
–¿Cómo le está afectando a la Función Pública la crisis?
–A la Función Pública y a los funcionarios se les ha hecho un poco culpables y se les ha puesto en el disparadero y en el centro, como si fueran una de las causas de la crisis económica. Por eso se toman medidas como la rebaja de sueldos, como si los de los funcionarios fuesen la causa de la crisis económica y de la deuda que tiene el Estado. Evidentemente en primer lugar eso no es así, y segundo, no es justo, porque también los sueldos de los funcionarios son muy modestos en relación con los del sector privado, y cuando ha habido tiempos de bonanza el funcionario ha ido cobrando siempre lo mismo, en cambio en el sector privado no. Lo que es cierto es que, evidentemente, tienen una situación de estabilidad, pero este cuestionamiento o crítica social que se está haciendo desde muchos ámbitos sociales es una cosa totalmente injustificada.
–Parece que la crisis ha dejado ver que los derechos de los empleados públicos no son intocables...
–Evidentemente se están cuestionando aspectos esenciales, como la rebaja de sueldos o incluso despidos no de funcionarios pero sí de mucho personal laboral que no tenían la condición estatutaria y por tanto no tenían esa seguridad en el empleo. Pero en esto también las administraciones públicas se enfrentan a una realidad nueva que hay que asumir con una cierta naturalidad, igual que para una empresa no es lo mismo el tiempo de bonanza que el tiempo de crisis. En tiempos de bonanza son más grandes y pueden asumir más personal, y en crisis tienen que reducirlo. A las administraciones públicas les pasa exactamente lo mismo.
–¿Qué se ha hecho mal o qué ha motivado la crisis?
–Aquí lo que ha habido ha sido un gasto desmesurado e incontrolado, porque había mucho dinero y se ingresaba mucho a través de impuestos, pero se gastaba y las decisiones no eran racionales: se iba contratando mucho personal y asumiendo muchas competencias de una manera indiscriminada y se hacían cosas que no se sabía por qué había que hacerlas. Uno de los grandes problemas que está en los orígenes de la crisis es la utilización política de la Función Pública, tanto para ubicar y colocar redes clientelares de amigos y familiares, o también a personal de los partidos, que evidentemente han crecido de una manera desmesurada, más en este estado en el que vivimos con tantas administraciones y selecciones a tantos niveles. Los partidos políticos tienen que alimentar a sus cuadros y a su personal y en primer lugar es una manera muy barata colocarlos en la administración a través de los medios determinados como personal eventual, y en segundo lugar es una manera de introducir en la administración pública personal que pueda controlar y orientar a la misma en el sentido de los intereses de los partidos y de los gobiernos. Aquí el problema es que se ha roto por completo la línea de separación entre lo político y lo funcionarial, y en ese sentido está todo muy desordenado.
–Parece que hay una opinión un poco extendida entre la sociedad de que los funcionarios cobran mucho y trabajan poco, pero también es cierto que hay muchos ‘mileuristas’...
–Los funcionarios no cobran mucho y eso la verdad es que es una cosa sorprendente, puede haber algún determinado cuerpo muy singular, pero en función a los requisitos y exigencias que se les pone para ser funcionarios y las retribuciones reales, yo creo que la gente no ha visto las nóminas de los funcionarios más cualificados que uno se puede encontrar, hasta de los altos cuerpos. Las nóminas no son elevadas y por supuesto son una ridiculez en comparación a niveles equivalentes en el sector privado. Insisto, puede haber un determinado cuerpo u organismo que también en esa línea desenfrenada y desmedida de aumentos retributivos pueda haber conseguido y arrancado unos privilegios o aumentos, como los controladores aéreos u otros colectivos, pero en general las retribuciones de los de las categorías superiores de la Función Pública están muy, muy por debajo de lo que se cobra en el sector privado, lo que pasa es que, evidentemente, el funcionario tiene la característica de la estabilidad y seguridad en el empleo. Eso de que trabajan poco no es un problema del régimen funcionarial sino de la organización administrativa. La famosa media hora de bocadillo a mitad de mañana yo también lo he visto en empresas privadas. Evidentemente a los funcionarios se les controla más porque se les paga con el dinero de todos, pero por otra parte esos son problemas de organización, no de régimen funcionarial. Lo que pasa es que el superior tiene que obligar a los funcionarios a hacer su trabajo, y también como en las administraciones públicas no hay jerarquías claras es muy complicado para el que ejerce un puesto de dirección exigir al de abajo al día siguiente, porque no sabe si al poco tiempo va a estar de nuevo abajo. Insisto, no son problemas del régimen de los funcionarios, sino de mala organización y mala gestión.
–La profesora Josefa Cantero planteaba esta pregunta, ¿sobran funcionarios?
–Yo creo que no, lo que pasa es que están mal distribuidos. Luego también la cuestión es qué exigimos a la administración pública, es decir, cuántos profesores queremos que haya por cada cuántos alumnos, cuál es el periodo de espera que queremos para que nos atienda un médico, cuántos policías por cada habitante... esas son cuestiones que la sociedad también se tiene que plantear, es decir, qué tipo de servicio público y qué calidad exigimos. Aquí también ha habido una expansión de puestos muchas veces injustificada y que la crisis confío que ayude a identificar los puestos que no son necesarios. Otra cosa es que se carezca de mecanismos para redistribuir los efectivos y destinarlos donde haga más falta. Estas son medidas necesarias. Primero, no es que haya muchos funcionarios sino que están mal distribuidos, y en segundo lugar, en función de lo que exijamos a las administraciones públicas.
–Habla de problemas organizativos, por ejemplo la Ciudad Autónoma carece de RPT, ¿es este un instrumento esencial para la organización?
–Es mejor tenerla pero no es estrictamente imprescindible. Hay otros mecanismos con los cuales se puede suplir. Es mejor tenerla también en aras a la seguridad jurídica y porque es una medida de racionalización e identificación de las necesidades, pero también a veces la RPT ha tenido la consecuencia negativa de encorsetar demasiado las tareas que hay que hacer. En este sentido, el funcionario tiene que cumplir un servicio, no una RPT.
–¿Cuál es su opinión acerca de la rebaja del 5 por ciento del sueldo de los empleados públicos?
–Mi opinión es que se podría haber hecho el ahorro en otras partidas y no tocar necesariamente las retribuciones de unos empleados, que en términos absolutos y relativos no es muy significativo. Que la medida suponga un ahorro de dos mil y pico millones de euros... hay otras partidas en las que se podría haber sacado más. Insisto, es un colectivo que no es que cobre mucho y, sobre todo, por qué esta aplicación tan indiscriminada, sin distinguir quién cobra más o menos, aunque la medida era una media de cinco y había porcentajes superiores. Pero no parece la más adecuada.
–Ha dicho en su intervención que el Tribunal Constitucional encontrará algún argumento para hacer legal la rebaja.
–Bueno, pero porque es legal. Sería muy sorprendente que el Constitucional anulara esta medida.
–Entonces las decisiones del Estado estarían por encima de los derechos adquiridos de los empleados públicos.
–Es que lo de los derechos adquiridos todavía no sabemos qué es exactamente, pero es cierto que después de la decisión del TC seguro que tenemos una definición o una concepción un poco más cabal de lo que son los derechos adquiridos. Insisto, no parece que tenga argumentos para declarar la nulidad de esta medida.