La sanidad pública constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar en España. No se trata únicamente de un servicio público más, sino de la garantía efectiva de un derecho recogido en nuestra Constitución: el derecho a la protección de la salud. Defender el Sistema Nacional de Salud (SNS) es, por tanto, defender un modelo de sociedad basado en la igualdad, la cohesión y la dignidad de las personas.
En la Comisión de Sanidad del Senado, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado recientemente una iniciativa clara: reforzar el carácter público del Sistema Nacional de Salud y consolidar su modelo de provisión sanitaria mediante medidas legislativas y organizativas. El objetivo es sencillo, pero esencial: garantizar que el sistema siga siendo universal, público y equitativo, y que la gestión directa de los servicios sanitarios sea la opción preferente frente a otros modelos de gestión.
La propuesta también incluía medidas destinadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en los conciertos sanitarios, así como facilitar la reversión de modelos de gestión privada cuando estos existan dentro del sistema público. En definitiva, se trata de reforzar el control democrático y la eficiencia del sistema sanitario para que responda exclusivamente al interés general.
No es una cuestión menor. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento notable de la sanidad privada y de los seguros de salud. Según datos del Ministerio de Sanidad, el 32,6% de la población española cuenta ya con un seguro sanitario privado. En algunas comunidades autónomas la cifra es aún más elevada. En Madrid, por ejemplo, alcanza el 44,6%, mientras que en Navarra se sitúa en el 19,5%. Estas diferencias pueden reflejar desigualdades en el acceso a servicios públicos de calidad.
A ello se suma otro fenómeno preocupante: el aumento de centros públicos con gestión privada. En los últimos años se han incrementado un 37%, con un gasto aproximado de 4.800 millones de euros. Sin embargo, conviene recordar un dato esencial: el 95% de los procesos clínicos complejos terminan siendo atendidos por la sanidad pública. Esto demuestra que, cuando se trata de garantizar la atención sanitaria más especializada y exigente, es el sistema público el que sostiene realmente el peso de la asistencia.
Por ello, resulta especialmente relevante el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Consejo de Ministros. Esta futura norma establece la prioridad de la gestión pública y limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales, sujetas a evaluación previa, memoria justificativa, análisis independiente y publicación de informes. Su finalidad es reforzar valores esenciales como la accesibilidad, la sostenibilidad, la calidad, la eficiencia, la transparencia, la equidad y la solidaridad, situando al paciente en el centro del sistema.
Porque la salud no puede convertirse en un espacio abierto a los intereses privados. Debe seguir siendo un derecho garantizado desde lo público.
El acceso a la sanidad no puede depender jamás del código postal, de la procedencia, de los apellidos ni del nivel de renta. La igualdad en salud es uno de los mayores logros de nuestro sistema democrático y debemos protegerla frente a cualquier intento de mercantilización.
Sin embargo, la iniciativa socialista en el Senado fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en la Cámara. Una vez más, el Partido Popular votó en contra de reforzar la universalidad, la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Este rechazo no es un hecho aislado, sino que refleja un modelo sanitario distinto. Allí donde gobierna —en ocasiones con el apoyo de Vox— el PP ha impulsado políticas que favorecen la privatización de la sanidad frente al fortalecimiento del sistema público. Un modelo que prioriza la externalización de servicios y la transferencia de recursos públicos hacia empresas privadas.
La diferencia entre ambos planteamientos es clara. Mientras unos defendemos que la salud es un derecho que debe garantizarse desde lo público, otros parecen concebirla como un sector más del mercado.
El futuro del Sistema Nacional de Salud no es una cuestión ideológica menor: es una decisión sobre el tipo de país que queremos ser. Un país donde la salud sea un derecho garantizado para todos, o un país donde dependa de la capacidad económica de cada ciudadano.
Defender la sanidad pública es defender la igualdad. Y esa es una responsabilidad que no podemos permitirnos abandonar.
