Llegué destinado a Ceuta a principios del año 1983. Mi primer destino fue el Puesto de Príncipe Alfonso, que además de la seguridad ciudadana tenía la responsabilidad de la vigilancia del perímetro fronterizo. No había presión migratoria y los marroquíes que pasaban lo hacían para vender alimentos o productos.
Los inmigrantes que se interceptaban -prácticamente marroquíes- eran retornados a su país de forma sencilla, incluso simplemente llevándolos a la frontera y entregándoselos a los agentes del vecino país. Unos años después cambiaron el procedimiento y se les hacía una filiación y un sencillo documento de identificación para su entrega a la policía marroquí. Todo muy sencillo y rápido.
Sin embargo, unos años después, nos encontramos con un nuevo procedimiento y los guardias civiles que interceptaban a marroquíes los tenían que entregar al Cuerpo Nacional de Policía para su devolución. La ley complicó un poco más el procedimiento, pero ningún marroquí pensaba que se le iba a documentar para que permaneciera en la ciudad. Ahora los inmigrantes piensan y saben que llegando han conseguido su objetivo. Esta es la realidad y debe cambiarse.
El control de las fronteras es uno de los pilares fundamentales de la soberanía de un país. Sin embargo, en los últimos años, las normativas de inmigración han provocado un efecto llamada no solo en España, sino también en Europa. Uno de los factores psicológicos y sociales que impulsa este fenómeno es la percepción de que la entrada al territorio nacional garantiza, tarde o temprano, la obtención de documentación y la residencia legal.
Ellos conocen perfectamente que la normativa actual carece de la agilidad y la posibilidad de aplicar órdenes de devolución con la suficiente agilidad y los inmigrantes saben lo que tienen que manifestar para que esa posible devolución sea imposible y al final -a los llegados a Ceuta- se les documenta y se les da billete de salida y a los llegados a la península, se les da la documentación para que estén legalmente transitando o residiendo en España.
Culpar a los inmigrantes de intentar tener una mejor calidad de vida es absurdo porque todos lo intentaríamos y, por tanto, los culpables de tanta inseguridad con el asalto que hemos sufrido hay que reprocharlo a los gobiernos que permiten por incapacidad o incompetencia que los ciudadanos de África, Latinoamérica o de cualquier otro continente tengan la certeza de que tocando suelo español serán regularizados tarde o temprano.
Ellos lo saben y las mafias se encargan de alentar esa posibilidad, incluso los informan de que tienen saturadas las oficinas de extranjería y lanzan el mensaje “todo el que llega se queda”.
Cambiar las leyes no es una postura de insolidaridad, sino un ejercicio de responsabilidad y autoprotección estatal. Si los ciudadanos y las redes de inmigración perciben que violar la frontera es el camino más rápido para obtener papeles, los asaltos masivos no cesarán. Solo mediante un marco legal claro que desmienta la idea de que tienen la documentación garantizada se podrá acabar con estos asaltos y con tantas muertes de personas inocentes.
Los ciudadanos sabemos que el camino es cambiar las leyes, el gobierno sabe que no cumplir lo prometido sobre la expulsión será traicionar y condenar a Ceuta y a todos los ceutíes.
