La Consejería de Sanidad del Gobierno de Ceuta ha vuelto a emitir certificados de curación de la covid-19 a personas que ya no están entre los colectivos vulnerables que se siguen computando en la estadística oficial de positivos de la enfermedad del coronavirus. Más de un mes después de chocar con la administración local, al menos uno de los afectados por la negativa de la administración local a expedirlos a principios de julio recurrió al Ministerio de Sanidad y, al final, ha logrado el documento que precisaba para, entre otras cosas, cruzar el paso del Tarajal sin someterse a una costosa PCR.
El Ejecutivo local alegó a principios de julio que la consejería “nunca” había expedido ni gestionado certificados de recuperación “porque carece de la competencia para hacerlo” y que estos solamente podían obtenerse en el Registro General de la Ciudad “cuando el caso positivo ha sido previamente declarado por parte del médico de cabecera del paciente, el Punto COVID de la Ciudad o el laboratorio privado correspondiente”, jamás con un autotest.
También advirtió que tras la fase aguda de la pandemia “ya no se declaran al Ministerio todos los positivos, sino fundamental y mayoritariamente los casos que se registran en mayores de 60 años, embarazadas; personas relacionadas con ámbitos vulnerables (que trabajan, residen o acuden a centros asistenciales, centros de día, residencias de mayores, centros penitenciarios y otros con personas institucionalizadas) y determinados tipos de inmunodeprimidos”.
Ahí radicaba el meollo del conflicto: si no había contagio declarado y acreditado, tampoco podía obtenerse un certificado oficial de haber superado la enfermedad.
Un ceutí cuyo médico sí había transmitido a la Ciudad su positivo aun no perteneciendo a ninguno de esos colectivos vulnerables sin que pudiera acceder al certificado y, por lo tanto, la pauta de vacunación completa, “ni inocularse la vacuna” presentó una queja formal al Ministerio de Sanidad, que le ha dado amparo recordado que esos documentos continúan vigentes en la normativa europea y la estrategia de vigilancia y control de la pandemia vigente.
“Hemos recibido con gran satisfacción una llamada telefónica desde la propia consejería informando del registro de la prueba positiva, que se negaba de forma arbitraria, autoritaria y unilateral, y por lo tanto pudiendo acceder al certificado de recuperación”, ha explicado uno de los perjudicados.
“Es lamentable que hayamos tenido que acudir a instancias superiores para solucionar algo que estaba claramente estipulado tanto en la normativa europea como en la española: la respuesta ha llegado, pero tarde, porque para viajar algunos hemos tenido que pagar pruebas PCR de forma innecesaria porque la consejería no quiso registrar los positivos”, ha censurado.
El afectado sigue “a la espera” de que el departamento que dirige Alberto Gaitán detalle “oficialmente” cuáles fueron “los motivos que llevaron a Sanidad a tomar una decisión violentando la legalidad y el Estado de Derecho, dañando con ello a la comunidad y a los ciudadanos”. “Cuando recibamos esa contestación estudiaremos cómo reclamar los perjuicios ocasionados, pero sobre todo de qué manera evitar que esta actitud vuelva a dañar a ningún ciudadano más, pues es una pésima señal no respetar las reglas”.
