La operación Rond-Hornet, fruto de la ejemplar colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional para desmantelar una red de narcodrones que traficaba entre Ceuta y
Marruecos, ha puesto en evidencia lo lucrativo de un negocio surgido del ingenio de los delincuentes para burlar el cierre fronterizo. El funcionamiento era claro:
hachís de Marruecos a Ceuta; cocaína y pastillas, a la inversa. Pero también intentos que fueron frustrados para introducir droga y teléfonos móviles en
la prisión de Mendizábal. Según fuentes de la investigación consultadas por El Faro de Ceuta, consta la intervención de un dron con cargamento destinado a presos de la penitenciaría y son varias las intentonas reconocidas que se llevaron a cabo para hacer prosperar este uso perverso de las nuevas tecnologías. Los narcodrones estaban explotados al límite por quienes movían el negocio, sustentado en una red piramidal con su cabecilla al frente y los colaboradores de enlaces. En un solo pase se podía amortizar el precio del dron: 12.000 euros. Aunque también los había más sofisticados aún. La cárcel de Mendizábal fue objetivo de esos movimientos delictivos, intentando hacer llegar mercancía prohibida para determinados presos. Los investigadores tuvieron conocimiento de esas intentonas y la propia penitenciaría extremó, desde diciembre de 2020, sus medidas de seguridad para evitar la introducción de hachís, pastillas y teléfonos móviles. No solo se reforzó la seguridad en el exterior ejercida por la Guardia Civil, sino también dentro de las propias instalaciones carcelarias, incrementándose la vigilancia sobre todo por las noches para evitar los acercamientos de los drones cargados. Quienes manejaban los narcodrones tenían como cometido dejar esa mercancía bien en los patios o incluso en las ventanas de las propias celdas. La red, con sus aparatos, tenía capacidad para eso y esta intrusión en Mendizábal fue conocida por la propia Guardia Civil, viéndose obligada a ejercer un mayor número de controles en unos momentos en los que la investigación avanzaba ubicando en la pirámide delincuencial a los principales sospechosos. La Policía Nacional también trabajaba en la investigación y, en vez de pisarse un Cuerpo a otro, colaboraron judicializando el operativo bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 5. Se reorientaron varias cámaras del Circuito Cerrado de Televisión de la cárcel y se reforzaron los controles tanto fuera como dentro entre los presos que podían ser sospechosos de tener relación con la red y facilitar la entrada de esos envíos en la cárcel, llegando a realizarse inspecciones de celdas o incluso cambios de internos, todo bajo conocimiento de las fuerzas de seguridad. El objetivo era claro: evitar que ese particular ‘servicio a domicilio’ funcionara y afectara al control exhaustivo que se tiene dentro de la prisión.
Con el golpe asestado esta semana, que se saldó con cuatro detenciones y la aprehensión de varios drones, no termina un negocio que ha nacido para quedarse. Sí se ha hecho daño al corazón de una organización que trabajaba de manera constante y seguía funcionando a pesar de la muerte, imprevista, de su presunto líder. Pero no se ha desmantelado una suerte de prácticas que han surgido para burlar el cierre de la frontera, convertida en un coladero de hachís a bordo de vehículos u ocultado por las personas que, a diario, cruzaban un paso nunca adaptado a un control como se debía. En un pase podían llegar a trasladar hasta 25 kilos de hachís. Algunos de esos trayectos no funcionaron, pero la red consiguió mover gran cantidad de
drogas durante el tiempo en el que permaneció en activo. La operación continúa abierta.