La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones recurrió a la interpretación que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias hacía al no reconocer el periodo de prácticas como servicios efectivos prestados a la administración, afectando esta situación a más de 20.000 funcionarios que cuando solicitaban el pase a la segunda actividad, “se encontraban con la sorpresa” de que el periodo de prácticas no se consideraba como servicios efectivos prestados y por lo tanto tenían que alargar su periodo de servicio en la vigilancia y custodia de los internos en el interior de los patios de los centros penitenciarios.
APFP recurrió este “agravio a los derechos de los trabajadores penitenciarios” ante los tribunales de Justicia al entender que dicho periodo de prácticas sí se debía considerar y valora por parte de la Administración como servicios efectivos prestados a la administración, dado que dicho periodo sí se tiene en cuenta a efectos de trienios o de antigüedad, pero no se reconocía como servicios efectivos prestados el periodo de prácticas, afectando a miles de funcionarios cuando solicitaban el pase a la segunda actividad.
La justicia ha dictado sentencia firme por la que se reconoce el tiempo que ha estado el funcionario en prácticas sea considerado como servicios efectivos prestados, teniendo un plazo de dos meses para su ejecución según se establece mediante sentencia firme.
A estos funcionarios se les establece un tiempo o periodo máximo de prácticas, estando establecido actualmente en 18 meses, “pero la realidad es que miles de funcionarios han superado con creces dicho periodo”, llegando promociones a estar más de dos años de prácticas, “lo que supone una discriminación con otro funcionarios que permanecieron menos tiempo de prácticas”.
