El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha explicado este martes en el Pleno al
MDyC que las actuaciones de
Carreteras del Estado, competente en la materia, con el
vallado de parte de los laterales de la N-354 y la N-352 en
La Almadraba o
Benzú van encaminadas a garantizar la “seguridad vial” en ambas y se configuran como un primer paso para ejecutar la segunda fase de la calzada que conecte el Tarajal directamente con el puerto, “más necesaria que nunca en el marco del proceso de normalización implementado desde mayo”. El miembro del Ejecutivo local ha dicho que está trabajando en un proyecto para el interior de la barriada de La Almadraba con actuaciones “que no exijan procedimientos complejos con la Demarcación de Carreteras”. Se trata de “urbanizar algunos espacios”, solventar discontinuidades de acerado, avanzar en accesibilidad, renovar el asfaltado, etcétera. “Las paradas de autobuses afectadas se van a reubicar tanto en La Almadraba como en Benzú con los menos perjuicios posibles para los usuarios”, ha adelantado después de las conversaciones mantenidas con la Administración General del Estado, aunque todavía sin plazo más allá de que será “en breve”. Youssef Mebroud ha denunciado que con esa actuación se ha liquidado la parada de autobús de la zona y se han alejado los contenedores para el depósito de residuos sólidos urbanos. Peores han sido las consecuencias para los comerciantes ubicados junto a la carretera nacional que lleva hasta la frontera, que el localista ha tachado de “desfachatez de la Delegación del Gobierno”. “En Benzú se ha hecho algo parecido desde Benítez con guardarraíles para imposibilitar que los vecinos puedan acceder siquiera hasta sus casas”, ha criticado el diputado localista, que ha achacado a la institución de la plaza de los Reyes una dinámica habitual de toma de decisiones unilaterales. El portavoz accidental del Movimiento no se ha dejado convencer por las explicaciones de Ramírez y ha rogado al Gobierno de Vivas que concrete sus intenciones para minimizar los perjuicios para los afectados “cuanto antes” y que ante futuras intervenciones de la Delegación intente que, al menos, se comuniquen antes de su
realización y se ofrezcan alternativas.