Se trata de los acuerdos de colaboración con Plena Inclusión, PROI y Adoratrices, que suman 150 beneficiarios y emplean a 44 personas.
La consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Rabea Mohamed, ha suscrito hoy sendos convenios de colaboración con representantes de los colectivos Plena Inclusión, Proyecto de Ocio Inclusivo (PROI) y Comunidad de Adoratrices a los que la Ciudad aporta, en conjunto, 1.143.297 euros, suman 150 beneficiarios y a su abrigo trabajan 44 personas.
En el caso de Plena Inclusión, antes FEAPS, el convenio se traduce en la realización de programas que promueven la integración personal y laboral de personas con discapacidad intelectual mediante tratamientos de rehabilitación y atención ocupacional. Gracias al presupuesto de 1.022.753 euros que la Ciudad aporta, el colectivo mantiene un centro de día y viviendas tuteladas y, además, presta un servicio de inserción laboral, ocio y tiempo libre y otros de comedor, transporte y formación.
Mohamed ha firmado con Amalia Caravaca, la responsable de Plena Inclusión, este convenio, en cuyo marco trabajan un total de 37 personas y suma unos 120 beneficiarios.
Por otro lado, once jóvenes con parálisis cerebral y discapacidad motriz disfrutan de un programa de ocio inclusivo fruto del convenio que la Ciudad ha renovado hoy con PROI y mejorado respecto a la asignación del año pasado, cuando recibió 40.000 euros de las arcas públicas. Este 2016 cuenta con 54.000 euros, un 35 % más.
Talleres de expresión artística adaptada (danza, pintura y fotografía), actividades de ocio inclusivo y adaptado (risoterapia, cinefórum, juguetes adaptados) y salidas culturales (teatro, conciertos) son algunas de las actividades que resumen la labor de esta asociación. Son 3 los empleos que mantiene el acuerdo de colaboración con la Ciudad, que ha firmado Dolores Bruzón por parte del colectivo.
El convenio que la titular de Asuntos Sociales e Igualdad ha suscrito también hoy con Terese Ariyamannil, de la Comunidad de Adoratrices, permite a la Consejería, que aporta 66.544 euros, disponer de 8 plazas residenciales como recurso no permanente para atender a mujeres e hijos con graves conflictos de convivencia, en situación de riesgo social y necesitados de un alojamiento temporal.
