La Universidad de Granada ha advertido que de aplicarse el nuevo decreto del Gobierno en el que todos los becarios deben cotizar a la Seguridad Social, en el caso de que ese gasto tenga que recaer en los centros educativos, no podrá hacer frente a un desembolso de ese tipo. Y es que este nuevo documento obliga a pagar unos 50 euros al mes por cada estudiante en prácticas, una cantidad que puede parecer poco en comparación con otros regímenes de cotización, pero que a la UGR le supondría millones de euros dada la cantidad de estudiantes que hacen prácticas, la mayoría, de obligatorio cumplimiento.
El problema es que este decreto no deja claro quién debe asumir la cotización de los becarios, si la universidad o la empresa donde el estudiante realiza sus prácticas. En el caso de Ceuta, este desembolso irá, independientemente de la carrera, a la Administración pública, ya que los becarios de este campus o hacen prácticas en el sector sanitario o en el educativo, ambos dependientes de organismos públicos.
Tal es la confusión que no van a implantar esta medida hasta el curso que viene, después de conseguir aclarar a quién le corresponde pagar por los becarios. El caso ha quedado en stand-by, pero la realidad es que finalmente alguien tendrá que pagar.
