Teresa de Gasperis llegó en julio a Ceuta enviada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Abogada y asesora legal de la organización, le tocó entablar un diálogo casi diario con la Administración y el resto de agentes implicados en la resolución del laberinto burocrático y humanitario en el que se
enredó el asentamiento sirio de la Plaza de los Reyes. Pero el paraguas de su trabajo no intenta cobijar desde entonces sólo a ese colectivo que llega a la ciudad escapando del conflicto que desangra su país, sino a cualquier ciudadano que logra atravesar la línea fronteriza con Marruecos y esgrime su condición de víctima de una persecución.
Con “vocación por el Derecho Internacional” –como la definió Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados– y con síntomas de integración en la ciudad – “me estoy haciendo bastante ceutí”, reconoció–, De Gasperis tenía ayer por delante la misión de disipar las dudas que afloran alrededor del proceso de solicitud de asilo por parte de los menores no acompañados. Los MENA, “un fenómeno con gran incidencia en España y con mucha mayor intensidad en Ceuta y Melilla”, y la detección de sus necesidades de protección absorben parte del encargo que le hizo Acnur cuando la envió a la frontera sur de la UE. Ese estudio forma parte de un proyecto continental que extiende su ámbito de estudio a las dos ciudades españolas, pero también a Lampedusa, Grecia, Malta o Chipre.
Un dato para la reflexión: de los 45,2 millones de personas desplazadas en el planeta, la mitad son niños. Acnur, y la legislación internacional, garantizan la protección internacional en los casos en los que sean víctimas de violaciones de los Derechos Humanos y carezcan de protección efectiva por parte de sus estados. Y ese riesgo puede revestir, incidió la abogada, mil formas: refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes víctimas de trata, menos no acompañados...
En pateras, en dobles fondos de vehículos... este último grupo, el de los MENA, requiere según Teresa de Gasperis la máxima atención para garantizar el principio de interés superior del menor que le hace objeto de derechos. “Hay que trabajar con cada uno de ellos para intervenir en la búsqueda de soluciones, pero de soluciones duraderas”, advirtió. Esas salidas pasan, enumeró, por el retorno a su país de procedencia cuando se pueda garantizar que no corren peligro, integrarlos en otra nación vecina o, finalmente, buscarles acomodo en un tercero cuando las dos primeras opciones sean inviables o no seguras.
En cualquier caso, advirtió, el proceso arranca en una etapa “fundamental”: la identificación del MENA y la concreción de sus necesidades, datos que determinarán el acceso o no al país, a la figura del asilo y su entrada en los programas de asistencia que contempla la normativa legal. Con la experiencia acumulada, sugirió plantear dos interrogantes al menor: “¿por qué dejaste tu país?” y “¿qué te ocurriría si regresaras?”. Las respuestas, detalló, dan forma a un listado de amenazas que incluyen desde el reclutamiento forzoso en milicias hasta la violencia doméstica, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, los trabajos penosos o la prostitución.
En el caso de Ceuta, subrayó, la mayoría de los expedientes se refieren a menores que tocan suelo español solos o acompañados por adultos que posteriormente reconocen no ser sus padres. En una u otra situación, insistió en desterrar la idea de que un MENA no puede solicitar asilo de forma individual sino integrado en una familia. A favor de ellos juega una legislación española de asilo que consideró “muy buena” y la internacional, que se apoya en la Convención de Ginebra y garantiza la protección y la no devolución a territorios donde la supervivencia de un niño puede no estar garantizada.
Siete solicitudes de menores en Ceuta, un “referente nacional”
Los datos que maneja Acnur revelan que en toda España se tramitaron en 2013 doce expedientes de petición de asilo de menores. En Ceuta, según confirmó ayer De Gasperis, hay siete casos. Eso convierte a la ciudad, aseguró, en “un referente nacional”. Del total de menores no acompañados que logra cruzar la frontera, el 90 por ciento procede de Marruecos, y el resto del África Subsahariana, con especial presencia de ciudadanos de Mali, Congo o Guinea-Conakry. Las estadísticas confirman también un repunte de sirios en los últimos años, coincidiendo con el conflicto en su país. Muchos de ellos, detalló, aseguran que tienen familiares en la Península o en otros países de la Unión Europea.
La ciudad arroja otras peculiaridades. A su condición de frontera terrestre de la Unión Europea y a la fuerte presión migratoria que soporta se une, según la enviada de Acnur, la escasez de protección efectiva en los países que atraviesan los inmigrantes antes de toparse con la valla del perímetro fronterizo. “Muchas veces se oye decir que los inmigrantes deberían haber pedido asilo en Marruecos, en Argelia, en Libia... en los lugares por donde pasaron. Pero en estos países, aunque comienzan a trabajar en ello, como ocurre en Marruecos ahora mismo, no hay recursos que lo garanticen”, aclaró para disipar dudas.
Los inmigrantes que llaman a las puertas de Ceuta arrojan cada vez más un perfil de refugiados por los conflictos latentes en sus puntos de origen, en Siria o en Mali y la República Centroafricana, pero también “por casos particulares”, desde represaliados políticos a víctimas de trata. “También detectamos marroquíes con necesidad de protección internacional porque sufren persecuciones sexuales o religiosas”, añadió De Gasperis. Para prestarles apoyo, apostó por profundizar en una colaboración con las instituciones locales (Ciudad, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abogados...) que hoy por hoy es, destacó, “excelente”.
