Los detenidos en la operación llevada a cabo en Ceuta por la UCRIF de la Policía Nacional, en la que se practicó un registro en una vivienda de Pasaje Recreo Alto, pasarán este viernes a disposición judicial por delitos de estafa, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.
Habían formado una especie de falsa gestoría con la que ofrecían servicios a marroquíes que necesitaban arreglar documentos personales, tales como renovación de pasaportes del vecino país caducados o la obtención de permisos de residencia verificando un arraigo que era irreal.
Los investigadores de la UCRIF llevaban meses trabajando en este asunto, contando con el conocimiento de casos de diez afectados que habían abonado diversas cantidades de dinero dependiendo del trámite que supuestamente se iba a llevar a cabo sin obtener ese beneficio.
Los detenidos ofertaban la obtención de la renovación del pasaporte marroquí sin necesidad que los interesados se tuvieran que trasladar a algún consulado de la Península o a Marruecos, el precio de la operación era de 2.500 euros.
Posteriormente les ofrecían una segunda operación que consistía en obtener el permiso de residencia y trabajo por una cuantía de 10.000 euros.
La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales decidió así el pasado miércoles llevar a cabo la fase estelar de la operación, procediendo a la entrada y registro en una vivienda y la práctica de tres detenciones, una mujer y dos varones.
Tras ese paso hay detrás meses de indagaciones, de controles y verificaciones sobre un tipo de estafa que se nutre de las necesidades de personas que tienen que arreglar documentaciones y buscan la vía irregular para hacerlo. En el caso de pasaportes marroquíes caducados, el viaje a Marruecos supone el veto al regreso por el Tarajal.
Durante la operación se intervinieron numerosos documentos que están siendo analizados. Entre ellos se han encontrado diversos pasaportes marroquíes, documentos análogos a los presentados por las víctimas/perjudicados, y otros tantos a nombres de personas de nacionalidad marroquí que serán identificados y oídos en declaración.
El caso está judicializado en el número 2 cuya titular tendrá que dirimir las medidas que se adoptan respecto de estas tres personas.
La investigación se enmarca en la acción constante que lleva a cabo este grupo policial que ya ha ejecutado varias operaciones para desmantelar empresas ficticias que se dedican por ejemplo a dar de alta a empleados para poder tramitar solicitudes de permisos de residencia o a ofrecer servicios que luego no llevan a cabo.
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