Marruecos ha realizado este domingo su primera valoración pública sobre la crisis migratoria registrada en Ceuta, una situación que llevó a decenas de miles de personas a dirigirse hacia la frontera de la ciudad autónoma durante el jueves y el viernes.
El Ministerio del Interior marroquí ha reconocido que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a Ceuta y que otras 1.135 se desplazaron hacia Melilla, al tiempo que ha confirmado 11 fallecidos en territorio marroquí, diez de ellos por ahogamiento.
El Gobierno marroquí sostiene que lo ocurrido no fue consecuencia de circunstancias espontáneas, sino del efecto combinado de varios factores. Entre ellos cita la actuación de las redes de trata de personas, la difusión de información engañosa, la explotación del espacio digital y las interpretaciones erróneas de recientes decisiones judiciales españolas relacionadas con las devoluciones en frontera.
En paralelo, el Ministerio del Interior ha informado de que la Fiscalía marroquí ha abierto una investigación judicial para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
En el comunicado difundido por las autoridades marroquíes y recogido por medios nacionales, un portavoz del Ministerio del Interior afirma que los acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta fueron consecuencia de una combinación de factores.
Según Rabat, influyeron "la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas", junto con "la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas".
El Ministerio sostiene que esas "malinterpretaciones", derivadas de la intoxicación informativa, "reforzaron entre algunos de los que deseaban migrar la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato".
Asimismo, el comunicado señala que los hechos también obedecen a "la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias".
El Gobierno marroquí asegura que actuó desde el inicio mediante "un enfoque proactivo e integral", basado en el aumento de la vigilancia y de la movilización de los distintos servicios de seguridad.
Según el Ministerio del Interior, las autoridades reforzaron la preparación de los distintos cuerpos de seguridad y de las autoridades territoriales, además de intensificar el control terrestre y marítimo.
A juicio de Rabat, estas medidas permitieron "controlar el curso de los acontecimientos, proteger vidas, preservar el orden público y asegurar las fronteras", respetando las disposiciones legales y el principio de proporcionalidad en la intervención.
En su comunicado, Marruecos aporta por primera vez su propio balance oficial de víctimas, confirmando 11 fallecidos relacionados con esta crisis migratoria.
De ellos, diez murieron ahogados, mientras que el undécimo falleció como consecuencia de lesiones sufridas tras caer desde una zona rocosa cercana a Ceuta, según la versión ofrecida por las autoridades marroquíes.
Por su parte, las autoridades españolas mantienen el balance de 72 fallecidos durante esta crisis migratoria.
Si se suman esos 72 fallecidos confirmados por España a los 11 reconocidos por Marruecos, la cifra global de víctimas superaría ya las 80 personas.
Además, Marruecos indica que continúa trabajando junto a las autoridades españolas para verificar el número real de personas afectadas, así como sus identidades y nacionalidades, con el objetivo de completar los procedimientos legales, administrativos y humanitarios correspondientes.
El Ministerio del Interior marroquí también ha anunciado que la Fiscalía ha abierto una investigación judicial sobre "diversos actos y hechos asociados a estos eventos" con el propósito de revelar las responsabilidades y organizar los efectos jurídicos derivados de lo ocurrido.
En la parte final del comunicado, Rabat insiste en que la gestión del fenómeno migratorio solo puede abordarse mediante un enfoque integral, basado en la responsabilidad compartida, la solidaridad y el reparto equitativo de la carga entre los distintos países implicados.
El Gobierno marroquí concluye reafirmando que "seguirá siendo, como sus socios esperan, un socio fiable y responsable", comprometido con el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales en la lucha contra la migración irregular y la trata de personas.
Asimismo, asegura que continuará adoptando todas las medidas necesarias para proteger el orden público, salvaguardar la seguridad fronteriza y garantizar la seguridad de las personas y los bienes, siempre dentro del Estado de derecho y respetando las obligaciones nacionales e internacionales del Reino.
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