El instructor del expediente abierto a finales de 2021 por la Dirección General de
Recursos Humanos de la Ciudad de Ceuta por
una denuncia de presunto acoso laboral y sexual en la administración local ha propuesto su sobreseimiento al considerar que se trató de una relación consentida y de conversaciones entre personas adultas sin alcance para merecer reproche disciplinario.
A expensas de la resolución que se adopte aceptando o no esa solicitud de archivo, el caso tiene otras dos derivadas abiertas, una en el ámbito de lo
Contencioso-Administrativo, en el que el presunto acusador y la propia Ciudad (por no adoptar medidas correctoras o preventivas con más celeridad) han sido denunciados.
En lo Penal el asunto fue archivado provisionalmente después de que la denunciante evitase declarar para intentar que la vía contenciosa se resolviese antes y no quedase suspendida por la acción judicial.
La Consejería de Hacienda activó por primera vez hace ya algo más de un año el Protocolo establecido en 2012 en el Plan de Igualdad de la Ciudad para aplicar las actuaciones reguladas frente al acoso sexual y por razón de sexo en la administración local.
La denuncia se formuló por una trabajadora en noviembre de 2021
El asunto estalló a finales de noviembre, cuando una
empleada pública realizó su primera comparecencia en relación con un supuesto caso de acoso laboral y sexual sobre el que se adoptaron medidas cautelares con el presunto responsable, que fue trasladado a otras dependencias.
El Protocolo establece que la investigación debe ser “ágil y rápida, respetando la intimidad y dignidad de las personas afectadas”, así como “otorgar credibilidad y proteger la confidencialidad de las personas afectadas (víctimas, supuesto acosador o acosadora y testigos).
En primera instancia el instructor apreció posibles indicios de delito en el comportamiento denunciado, por lo que le dio traslado a la Fiscalía, que a su vez no pudo continuar con las actuaciones al desistir la trabajadora de prestar declaración. El juez de lo Contencioso-Administrativo también podría verse obligado a derivar el asunto a lo Penal si intuye que se ha cometido algún ilícito.