El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso, cuyo parlamentario por Ceuta es Javier Celaya, más de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno sobre Protección al Menor en el Entorno Digital, entre las que destaca la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Una medida que incluye una salvedad: aquellos casos en los que exista un consentimiento expreso por parte de los padres.
La vicesecretaria del partido, Cuca Gamarra, ha señalado en un comunicado que este conjunto de iniciativas busca "mejorar la protección de los menores y ayudar a las familias", con una actitud "constructiva" orientada a "mejorar la propuesta del Gobierno" y a "garantizar la seguridad de niños y adolescentes".
Entre las medidas centrales figura la prohibición general de acceso a redes sociales antes de los 16 años, aunque se contempla una excepción para los menores de entre 14 y 16 años siempre que cuenten con una autorización "expresa y verificable" de sus progenitores, tutores o representantes legales.
Para este grupo, el PP plantea además la implantación de un "horario de descanso digital", que limitaría el uso de estas plataformas entre las 22.00 y las 8.00 horas.
El paquete de enmiendas incluye nuevas exigencias para las plataformas digitales, que deberán incorporar sistemas visibles de etiquetado de contenidos, mecanismos de control de acceso para menores y herramientas de prevención y detección temprana de materiales que puedan afectar a su salud o integridad. Asimismo, se propone la creación de canales de denuncia anónimos y confidenciales frente a situaciones de ciberacoso o acoso digital.
En paralelo, el PP defiende que los dispositivos con acceso a internet cuenten de forma obligatoria con controles parentales preinstalados, y que en los puntos de venta se facilite a los padres una formación básica sobre su configuración y uso.
Según la formación, estas medidas permitirían reforzar la capacidad de las familias para proteger a los menores, incluyendo la posibilidad de acceder a los dispositivos de manera proporcionada y respetuosa, o de utilizar sistemas de geolocalización, que quedarían fuera del alcance de las plataformas digitales salvo que exista un consentimiento explícito y revocable de los responsables legales.
El Partido Popular también plantea una actualización del marco legal para que el Código Penal se adapte a las nuevas realidades derivadas del uso de redes sociales. En este sentido, sus enmiendas reclaman penas de prisión para quienes generen, difundan o distribuyan contenidos que inciten al suicidio, promuevan retos virales o fomenten prácticas alimentarias que pongan en peligro la salud de menores o personas con discapacidad.
Ante los "numerosos casos" de acoso escolar, el PP propone además modificar la ley de responsabilidad penal del menor con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas frente a los agresores. Entre las medidas contempladas figura la prohibición de que los infractores puedan comunicarse o acceder a las víctimas a través de medios digitales.
El texto también incorpora salvaguardas frente a algoritmos que puedan manipular a los menores mediante el uso de datos personales o patrones de comportamiento, así como frente a estrategias de diseño persuasivo abusivo. En este ámbito, se plantean límites a prácticas como el ‘scroll infinito’ u otras que fomenten la adicción y la dependencia digital.
En relación con la pornografía infantil, el PP ha propuesto eliminar el término "no consentida" del artículo 3 del proyecto de ley, al considerar que no puede existir ningún tipo de pornografía infantil "consentida", por lo que toda difusión de contenido sexual que afecte a menores, así como su apología, debe considerarse ilegal.
Las enmiendas amplían además el concepto de pornografía infantil a cualquier contenido sexual que utilice objetos que representen visualmente a un menor, así como a materiales creados mediante Inteligencia Artificial (IA).
Para hacer frente a este fenómeno, el partido plantea reforzar la supervisión y coordinación con las plataformas digitales, con el fin de prevenir, detectar y eliminar de forma inmediata contenidos reales o realistas, generados o manipulados digitalmente, que afecten a menores, mediante tecnologías de detección automática y bloqueo.
Por último, el PP solicita la implantación de protocolos "ágiles y efectivos" para la denuncia, retirada y bloqueo de cualquier contenido sexual o íntimo relacionado con menores.
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