El magistrado titular del Juzgado número 3 de Ceuta ha dictado autos de entrada en prisión para 14 de los 20 detenidos en la operación llevada a cabo por la UDYCO, que estaba bajo investigación desde hacía un año y tuvo su fase estelar el pasado viernes con la práctica de detenciones en nuestra ciudad, el sur peninsular y Galicia.
Así lo han confirmado fuentes judiciales a El Faro, medio que adelantó esta operación, una de las de mayor envergadura tal y como puntualizó el propio Ministerio del Interior.
Se acuerda la prórroga de la detención del guardia civil detenido en Chiclana, que ya no estaba en activo en la Comandancia de Ceuta. Este lunes pasará de nuevo al juzgado. Lo pidió su abogado, y aunque la Fiscalía había solicitado prisión para todos los detenidos, se ha concedido esa prórroga de la detención hasta este lunes.
Cinco de los detenidos quedan en libertad, entre ellos, la única mujer detenida. Los arrestados en Pontevedra (4) también van a prisión. Es la información que se ha conocido esta misma madrugada cuando pasada la una se han notificado los autos.
Dieciséis de los investigados habían prestado declaración en los juzgados de Ceuta físicamente –entre ellos una mujer–, los otros cuatro fueron por videoconferencia con su asistencia letrada desde los juzgados de Galicia.
Allí, en tierras gallegas, fue detenido un armador, empresario reconocido que está pendiente de otra causa judicial distinta a la que tiene su foco embrionario en Ceuta.
En el transcurso de la investigación policial ha habido 30 investigados por delitos contra la salud pública y organización criminal.
Hay decomisos de hachís que son atribuidos a esta operativa, destacando los más de 15.000 kilos que llegaron en un camión procedente de Nador al puerto de Almería.
Fiscalía había interesado prisión para todos los detenidos. A las siete y media de la tarde, todavía quedaban por declarar cuatro de ellos, después de que comenzara la jornada judicial a las ocho con la apertura del Palacio de Justicia. No ha sido hasta pasadas las nueve de la noche cuando han terminado las declaraciones.
Y, ya de madrugada, se ha conocido el contenido de los autos dictados por su señoría, manteniéndose el dispositivo de seguridad durante toda la jornada en el entorno de los juzgados, con participación de la UIP para tener controlados los distintos accesos.
Esto fue determinante para evitar la aproximación de personas a la entrada de la propia sede judicial o a su entorno mientras llegaban vehículos policiales.
Han sido más de 250 policías nacionales los que han participado en esta operación, en la que se llevaron a cabo 30 registros en casas, garajes, fincas, locales o naves.
Para el Ministerio del Interior es una de las operaciones más importantes encuadradas en la lucha contra el narcotráfico.
Entre lo decomisado se encuentran millón y medio de euros intervenidos, pero también 66 equipos de comunicación y pruebas, documentos que ahora serán objeto de análisis, ya que la investigación continúa su curso.
La investigación judicial comenzó el año pasado. Se centró en una organización asentada en Ceuta que trabajaba con otras ramas que operaban en la Península y en Marruecos. El objetivo era sacar droga e introducirla en el mercado peninsular y, en concreto, fuera de España, en Francia.
La Policía llevó a cabo un despliegue con agentes, drones y hasta control aéreo mediante el uso de un helicóptero. Los registros se efectuaron en distintos barrios como el Príncipe, Arcos Quebrados o la zona del Pantano.
Además de los registros llevados a cabo en inmuebles propiedad de los detenidos, se procedió a la intervención en una de las naves del Tarajal, en donde la Policía ha localizado un narcotúnel con montacargas, mucho más especializado que el detectado por Asuntos Internos en el transcurso de la Operación Hades.
Es una de las claves que está ahora bajo investigación, toda vez que se ha contado con el desplazamiento de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional y se requerirá contactos con Marruecos a través de la Audiencia Nacional para llegar hasta el final de la estructura.
Esta investigación, dado que afecta a distintos territorios, puede terminar pasando, precisamente, a la Audiencia Nacional procediéndose a la inhibición del juzgado número 3.
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