El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha expresado su firme rechazo a la actitud del Ejecutivo central ante la gestión parlamentaria de la crisis migratoria en Ceuta. A través de una carta remitida al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rollán ha acusado al Gobierno de intentar "escamotear" a la Cámara Alta su labor de control, calificando la postura gubernamental como una falta de cortesía política y una interpretación errónea de los términos constitucionales.
La tensión entre las instituciones se ha agravado tras la petición de Rafael Simancas para desconvocar las comparecencias de los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Asuntos Exteriores (José Manuel Albares). Así lo ha informado la Agencia de Noticias EFE.
El argumento utilizado por el Ejecutivo se basa en una supuesta falta de tiempo de preparación y en el hecho de que los ministros ya comparecerán en el Congreso a finales de agosto, lo que consideran un "sinsentido" por duplicidad.
Sin embargo, el presidente del Senado considera que estos motivos son inconsistentes. Rollán ha recordado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta tuvo lugar los pasados 30 y 31 de julio, por lo que entiende que diez días es un plazo más que suficiente para que los responsables ministeriales preparen sus explicaciones ante la Cámara, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
Ante la posibilidad de que los ministros no acudan a las citas fijadas para los días 12, 13 y 17 de agosto, el Senado ha tomado medidas contundentes. Pedro Rollán ha enviado advertencias formales a los titulares de Interior, Defensa y Exteriores, señalando las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer sin una justificación debidamente acreditada.
Desde la Presidencia del Senado se subraya que el Gobierno se ha apresurado a registrar solicitudes en el Congreso solo después de que la Cámara Alta tomara la iniciativa. Con este despliegue, el Senado busca garantizar que se rinda cuentas de forma inmediata sobre la crisis en la frontera ceutí, defendiendo su derecho constitucional a ejercer la fiscalización del Gobierno de forma independiente a lo que ocurra en el Congreso de los Diputados.
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