Tras conocer cinco sentencias desestimatorias de sus argumentos del Juzgado de Instrucción número 5 para proceder al desahucio de los inquilinos de la promoción de Serrano Orive que el
Gobierno de Ceuta considera que ya no cumplen los requisitos para seguir en esas viviendas,
Emvicesa ha recibido el primer fallo a favor de una de las 29 demandas que ha presentado contra, entre otros, la vicepresidenta segunda de la Asamblea, la socialista Cristina Pérez. En este caso ha sido dictado por la titular del número 4.
La magistrada ha estimado íntegramente la demanda presentada por la sociedad municipal y ha declarado “extinguido por expiración del plazo” el contrato firmado por una adjudicataria en enero de 2010, con lo que estima que “debe procederse al desahucio de la vivienda con apercibimiento a la demandada de que en caso de no desalojar la casa se procederá a su lanzamiento”.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico han explicado que será la
Audiencia Provincial, a la que la Administración ya ha recurrido los veredictos contrarios a su postura, la que tendrá que unificar doctrina en aplicación de la denominada “jurisprudencia menor”.
A diferencia de su homólogo del número 5, la jueza del 4 da por válido el acuerdo citado en agosto de 2018 que dejó sin efecto el cambio de régimen de viviendas promovidas por Emvicesa adaptado cinco años atrás, con lo que “dejada sin efecto la recalificación, los contratos se siguen rigiendo por los plazos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con lo que el objeto de este procedimiento se debe dar por extinguido por expiración del plazo”.
La parte demandada ha intentado hacer valer sin éxito un acuerdo de la Viceconsejería de Vivienda de julio de 2013 que cambió el régimen de la promoción de alquiler a venta, así como un decreto del año anterior que inició el proceso de enajenación “introduciendo una cláusula según la cual el nuevo propietario tendría la obligación de mantener a los adjudicatarios originales en régimen de arrendamiento durante los años que dura la protección del inmueble”, así como a ofrecerles la compra de sus viviendas “de forma preferente” siempre y cuando cumpliesen la normativa vigente en cada momento.
“Parece desprenderse que se modifica el plazo establecido para los arrendamientos, pero en agosto de 2018 la consejera de Economía dictó un acuerdo que revocó y dejó sin efecto la resolución de 2013 para mantener las viviendas en régimen de alquiler conforme a su calificación definitiva para poder dar mejor cumplimiento al interés general, permitiendo mantener un parque de viviendas protegidas de alquiler con destino a jóvenes, colectivo especialmente vulnerable”.
Con este criterio la duración de los contratos firmados en 2010 con vigencia anual prorrogable obligatoriamente hasta un mínimo de cinco debe ser “la habitual de los arrendamientos urbanos”, no más.
Todo el Pleno salvo el PSOE, a favor de que la promoción siga “para jóvenes”
Desde la interposición por parte de Emvicesa de 29 demandas de desahucio por finalización del plazo del contrato de alquiler “por denegación de prórroga al incumplir los requisitos para continuar en las viviendas” un total de 8 inquilinos de las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive han entregado sus llaves. Los procedimientos judiciales contra los 21 que no han abandonado la promoción siguen adelante.
Hasta ayer se habían notificado las
sentencias relativas a cinco juicios, todas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, que han desestimado los argumentos de la Administración basándose, fundamentalmente, en que “el plazo del contrato de arrendamiento debe coincidir con el periodo de vigencia de la protección de la vivienda, es decir, hasta el 16 de diciembre de 2034”. Todas han sido recurridas ya ante la Audiencia Provincial.
Emvicesa inició estas acciones a instancias del Acuerdo Plenario de julio del año pasado que estipuló por mayoría absoluta (el PSOE que se abstuvo) la adopción de “las medidas oportunas para que antes de que finalice 2019, la promoción de Serrano Orive cumpla con su finalidad: facilitar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes”. Esa iniciativa fue apoyada y secundada por el Consejo de Administración de la sociedad municipal.
La Comisión Local de la Vivienda aprobó en diciembre las bases para una nueva selección de arrendatarios. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 2 de marzo y se registraron 167 solicitudes. La Comisión prevé reunirse antes de Navidad para proceder a la asignación de las casas libres.