La Operación Senen, llevada a cabo esta semana en Ceuta por la UCRIF de la Policía Nacional, ha dado pie a la primera condena dictada tras la entrada masiva de finales de julio por utilizar pisos patera para esconder a inmigrantes.
El negocio es redondo. Se alquila en negro todo, hasta portales y descansillos. Las habitaciones cuestan 35 euros diarios, vivir en un garaje con más personas eleva el precio a 900 euros mensuales. Hay casas alquiladas por 3.000 euros.
La Policía pone en sus investigaciones lo que es un secreto a voces. La existencia de viviendas patera que están siendo empleadas para ocultar a los que, tras cruzar el espigón del Tarajal, siguen manteniéndose fuera del control oficial.
Ellos constituyen ese grueso de personas invisibles que no ha aflorado, del que nadie tiene constancia hasta que son descubiertos.
La entrada masiva que tanto daño ha hecho a Ceuta, que ha dado pie a informes oficiales, enfrentamientos políticos y una investigación por parte de la Audiencia Nacional, ha llenado los bolsillos de quienes, carentes de escrúpulos, han transformado incluso trasteros y garajes en viviendas clandestinas en donde puede suceder de todo. A esto, por llamativo que parezca, se suman coches reconvertidos en casas. Una auténtica locura.
La Operación Senen permitió la detención y condena de dos implicados en esas prácticas, pero la Policía sospecha de muchísimos más casos, por cuanto varios de los inmigrantes que han sido detenidos, condenados y expulsados a Marruecos, manifestaron que habían estado durmiendo en viviendas previo pago.
La ley del silencio impera entre quien recibe el dinero y quien paga. Tras esas viviendas puede suceder de todo. Recientemente se tuvo constancia de una tentativa de agresión sexual que tuvo como víctima a una chica que dormía con varias personas más en un garaje clandestino en la barriada del Príncipe.
La joven trasladó que el dueño de ese garaje-patera le ofreció no cobrarle el dinero si accedía a tener relaciones sexuales. El caso quedó en un mero ofrecimiento, no hubo relación, tampoco la forzó, pero existió una práctica que, sospecha la Policía, ha podido materializarse en muchos otros casos.
No solo se trata de abusos de este tipo, casos en los que dueños de viviendas quieran abusar sexualmente de jóvenes, también existe la mano de obra ilegal. De esto también tiene constancia la Policía, de adultos y menores acogidos en viviendas, garajes e incluso habitáculos hechos dentro de pequeños almacenes que pagan ese alquiler con su trabajo.
El pago por esa acogida se hace trabajando en obras ilegales. Información hay mucha y abundante, pero para que las investigaciones lleguen al juzgado necesitan pruebas que son difíciles de obtener al suceder todos los casos en viviendas particulares o propiedades en las que no se puede acceder sin permiso.
A las agresiones sexuales se unen casos de detenciones ilegales o trata de seres humanos si la situación persiste.
El submundo que rodea a estas viviendas patera tiene también sus daños colaterales. Quienes viven de estos negocios ilegales, personas que incluso han llegado a alquilar sus propios coches, han sido víctimas de robos por parte de estos inmigrantes.
La víctima del delito se convierte también en autora de otro, denunciar robos puede terminar aflorando acusaciones de envergadura y gravedad, muchas veces eso se lleva en silencio.
Para la Policía resulta especialmente complejo llevar estas investigaciones al juzgado porque en muchos casos lo delictivo se puede entremezclar con una acción de carácter humanitario, algo así como dar cobijo a quien no lo tiene. Hay que demostrar el pago, y eso no siempre es posible hacerlo. Demostrarlo y sorprender a los inmigrantes dentro de las casas.
Todas estas personas permanecen fuera de los circuitos ordinarios de alojamiento y protección, buscan lugares donde ocultarse porque en la mayoría de los casos lo que buscan es protagonizar algún pase a la península.
Se alquila todo, incluso chozas y cobertizos para animales. Los inmigrantes pagan por esa ocultación y alimentan el negocio en negro de quienes han hecho, desde la entrada masiva, limpieza en todos los habitáculos que tenían para dejar espacio para cuantas más personas mejor.
Muchos contenedores han recibido un inusual depósito de enseres viejos y muebles sacadas a toda prisa de los espacios en donde se encontraban apilados.
La Policía debe demostrar que esas acogidas no son por caridad, sino previo pago. Más difícil es verificar que esa ocultación forma parte de una cadena mayor, de un entramado integrado por pasadores de inmigrantes.
La gran cantidad de viviendas patera ha dado pie a graves conflictos vecinales. De la noche a la mañana, vecinos se han topado con otros residentes que han transformado sus casas en una auténtica feria.
Puertas abiertas, gritos, un ir y venir de individuos desconocidos, insalubridad… Son las consecuencias de transformar una vivienda normal en una especie de pequeño hotel en el que caben todos, entran y salen como quieren, no respetan convivencia.
Las barriadas han denunciado estos hechos, denuncian la falta de vigilancia policial, pero hay algo peor, lo complicado que resulta verificar un delito si se comete dentro de propiedad privada en donde los derechos se convierten en la coartada perfecta.
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Esos pisos son los que controla “el de la periferia “, el del “pueblo salva al pueblo…de Vito Quiles”, el del que “no va a las manifestaciones por no enfrentarse a sus compatriotas”, la estrella de Telepedro.