Es innegable que las detenciones de dos maestros, con escasos días de diferencia, genera una alarma social imposible de frenar sobre todo por el tipo de delito que se investiga. Pero resulta de obligado cumplimiento, más aún ante este tipo de casos, que se deje trabajar a la Policía y a la Justicia porque son los principales garantes para hacer que aflore la verdad en todas y cada una de las historias que se produzcan. La presunción de inocencia es un derecho que asiste a todo ciudadano y como tal debe ser respetada, por eso es cruel y perverso que se estén difundiendo en redes sociales imágenes o haciendo comentarios contra los detenidos que hoy por hoy carecen de un sustento puesto que ambos asuntos están bajo investigación y protegidos, como debe ser, por el secreto de las actuaciones. La rapidez con la que condenan o absuelven los llamados ‘jueces sin carrera’ es indignante, la rapidez con la que se publicitan datos personales y dudosos es de obligada denuncia. La principal interesada en que se esclarezca todo lo que está pasando es la propia Justicia, encargada de actuar en consecuencia conforme vaya obteniendo informes de una Policía Nacional que ha demostrado ser muy profesional en todos estos asuntos. Disponemos de una clase judicial y policial de nivel, además de un equipo de profesionales que trabajan codo con codo junto a jueces y fiscales. Confiemos en ellos, respetemos sus decisiones y, sobre todo, no compartamos ni alentemos aquellas aseveraciones, conclusiones rápidas y juicios paralelos que puedan dar pie a daños que son irreparables.
