No se puede consentir. Llevamos publicando quejas de la asociación TDAH desde hace meses. Detrás de esas siglas hay familias con hijos que necesitan una atención médica especializada y no la están recibiendo.
No hablamos de situaciones anómalas que se dan de forma ocasional. No. Estamos hablando de una absoluta desconsideración, un desprecio hacia estas familias y sus hijos al no recibir la atención especializada requerida en salud mental.
Es un despropósito, pero también es un delito. Jugar con la salud y el bienestar de familias que tienen todo el derecho a recibir una asistencia sanitaria es privarlas de una atención a sabiendas. Esto no puede continuar, tiene que intervenir la justicia porque se está causando un daño irreparable a los afectados.
La clase política conoce el problema. La propia ministra de Sanidad lo sabe, toda la cúpula de Ingesa también. Se han anunciado compromisos, mejoras… pero el tiempo pasa y la situación empeora.
Estos niños necesitan no solo unos tratamientos, sino que sean, además, continuados. Interrumpir la dispensa de una medicación es contraproducente, los avances logrados pueden perderse en cuestión de días.
Aquí la asociación TDAH no está rogando nada, no está mendigando nada. Está exigiendo lo que, por derecho, por ley, le corresponde. La administración debe intervenir, no hacerlo es causar un daño a sabiendas, un daño además contra el más débil.
Se está despreciando a una parte de la población por sistema, se está permitiendo que Ceuta sea el símbolo de la más absoluta dejación y se está haciendo todo esto con las personas que más atención, cariño y defensa requieren.
Los políticos están de vacaciones, ahora también. Los políticos buscan votos, ahora también. Pero los políticos son también responsables de la inacción ante casos gravísimos como estos. Merecen, de entrada, una condena social. De la judicial se tiene que encargar un poder que ya está informado de todo lo que sucede.
