El Ministerio del Interior quiere que antes de 2030 ingresen en las fuerzas de seguridad del Estado un 40 por ciento de mujeres, para lo cual impulsará medidas que animen a presentarse a estas oposiciones, que reciben aspirantes de Ceuta todos los años.
De esta forma la Guardia Civil reservará entre un 25 y un 40 por ciento de plazas para las aspirantes y la Policía Nacional permitirá aplazar las pruebas si la alumna está embarazada.
La iniciativa, con la que el Ministerio del Interior redobla su apuesta por el avance de la igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es el resultado de un detallado análisis sobre la evolución de la presencia de la mujer en cada uno de los cuerpos.
“Los avances en estas cuatro décadas de acceso de la mujer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son innegables, pero hemos invertido mucho tiempo y los actuales porcentajes son insuficientes, están muy lejos de la realidad demográfica y social de la sociedad española”, ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la actualidad, tras 43 años de acceso a la Policía Nacional, este cuerpo cuenta con un 16,78 por ciento de mujeres, mientras que en la Guardia Civil, tras 34 años del primer ingreso, representan el 8,97 por ciento.
Por esta razón, el ministro ha reclamado “iniciativas decididas que aseguren un principio que debemos asumir como irrenunciable, la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en las Fuerzas de Seguridad”.
En ambos cuerpos, las primeras medidas que se van a poner en marcha inciden en los procesos de acceso a Policía Nacional y Guardia Civil. Son acciones positivas que pretenden aumentar el número de mujeres que aspiran a ingresar en cada uno de los cuerpos y superan las pruebas de acceso.
“La incorporación total de la mujer a las Fuerzas de Seguridad generará organizaciones policiales más eficientes, más justas y más cercanas, y eso se traducirá de manera natural en sociedades más justas, pacíficas y prósperas”, ha señalado Grande-Marlaska.
Eliminación del requisito de estatura mínima
Por su parte, el Ministerio del Interior prepara ya, para elevarlo al Consejo de Ministros este mismo mes, el real decreto de Procesos Selectivos de la Policía Nacional, que incluye una serie de iniciativas para aumentar la presencia femenina en las listas de aspirantes a ingresar en el cuerpo mediante oposición libre.
La medida más destacada es la eliminación del requisito de estatura mínima, hasta ahora fijado en 160 centímetros, que suponía una discriminación para la mujer al ser desproporcionada respecto a su estatura media.
Además, las mujeres que aspiren a ingresar en la Policía Nacional podrán aplazar sus pruebas de selección si están en periodo gestante, de parto o de postparto, aplazamiento que también será efectivo para la realización o finalización del curso de acceso a las prácticas policiales correspondientes si cualquiera de esas situaciones se produjese una vez superadas las pruebas de ingreso.
Tanto las mujeres como los hombres que deban aplazar su incorporación al curso de ingreso por embarazo, nacimiento, adopción o acogimiento de un menor serán dados de alta como funcionarios/as en prácticas, por lo que no verán reducida su antigüedad en la función pública y favorece la conciliación, una situación a la que la mujer siempre se enfrenta en desventaja.
Estas medidas están diseñadas para incrementar el porcentaje de mujeres aspirantes a ingresar en la Policía Nacional. Si en 2019 ingresaron 738 mujeres de los 2.606 aprobados, el 28,3 por ciento, en 2021 este porcentaje creció al 32,6 (758 mujeres de 2.328).
El aumento del número de mujeres que aspiran y superan el proceso de acceso a la Policía Nacional es imprescindible para aumentar su volumen porcentual en la plantilla, que el pasado 1 de enero de 2022 era de un 16,69 por ciento sobre el total de efectivos del cuerpo.
Un porcentaje de plazas reservadas a mujeres
La Dirección General de la Guardia Civil, por su parte, está tramitando la reforma de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, para introducir un cambio legal que permita la adopción de medidas de acción positiva en las distintas convocatorias del cuerpo, tanto de acceso como de promoción dentro de la Guardia Civil.
La medida más destacada de las incluidas en esa reforma consiste en fijar, en cada proceso selectivo de acceso a la escala de cabos y guardias, un porcentaje de plazas reservadas a mujeres, que en cada convocatoria oscilará entre un mínimo del 25 por ciento y un máximo del 40. Este porcentaje operará en las tres modalidades de acceso al cuerpo: la oposición libre, el acceso desde el Colegio de Guardias Jóvenes ‘Duque de Ahumada’ y la pasarela reservada a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Tras cada proceso de selección, la lista de aspirantes admitidos en la Guardia Civil se elaborará según la puntuación obtenida en las distintas pruebas que lo componen. Pero, para asegurar la cobertura del porcentaje de plazas reservado a las mujeres, éstas tendrán preferencia sobre los candidatos varones siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al quince por ciento.
En las convocatorias de 2019, 2020 y 2021, en total 56.321 aspirantes concurrieron a las pruebas de acceso a la Guardia Civil, de los que solo 19.187 eran mujeres, un 25,4 por ciento. Resueltas esas tres convocatorias, de los 5.097 aprobados, solo el 21 por ciento, 1.358, fueron mujeres.
Las medidas de acción positiva a introducir en los procesos selectivos de la Guardia Civil deben conseguir que, con un horizonte de 2030, el número de mujeres que cada año ingresan en el cuerpo alcance el 40, lo que permitirá aumentar su volumen en el total de la plantilla, que a fecha 1 de enero de este año alcanza solo un 8,75 por ciento.
