Saber la verdad tras el 30J: el objetivo de una jueza y de toda Ceuta

Tres testificales. La del presidente de la Ciudad, Juan Vivas; la del exjefe de gabinete del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz; y la del exjefe de la Policía Local, Sebastián Vega. Tres testificales ante una jueza, María Tardón, que busca saber la verdad.

En el fondo es un objetivo perseguido por toda la ciudad. Saber qué sucedió ese 30 de julio para que miles de personas cruzaran el espigón del Tarajal durante prácticamente 48 horas seguidas.

Tardón no solo quiere saber qué sucedió, también por qué y quiénes tuvieron alguna responsabilidad en el movimiento de más de 100.000 personas desde Marruecos a Ceuta, violentando toda una frontera.

De momento, queda claro que tanto la Ciudad como la Delegación del Gobierno informaron a Madrid de lo que estaba sucediendo días antes. Los ministerios de Interior, Defensa, Migraciones y Política Territorial, además de Asuntos Exteriores eran conocedores de que la presión migratoria en el mar no era comparable con la de otros veranos.

No hubo medidas ni tampoco reacciones acordes a la gravedad que se estaba viviendo en Ceuta y que, además, se estaba publicando.

Llamadas, informes y datos que no se conocían

Hubo comunicaciones, se remitieron informes, se produjeron llamadas. Ceuta estaba alertando a Madrid de una situación adversa con la que llevaba lidiando prácticamente en solitario la Guardia Civil.

Tardón ha conocido las llamadas que se hicieron, también el borrador de informe fechado el 23 de julio para comunicar al Gobierno de España de la situación de alerta en Ceuta. A los informes desclasificados -los que quiso Moncloa- se suman datos que el propio Gonzalo Sanz ha puesto a disposición de su señoría, permitiendo la clonación de su celular.

El camino hacia la búsqueda de la verdad se ha puesto en marcha. Y lo encabeza una jueza que ya ha demostrado que la privacidad es norma en su trabajo, que si tiene que encomendar investigaciones va a confiar en funcionarios que ni siquiera comuniquen los resultados a sus superiores.

Ya lo hizo cuando el Gobierno de España se tuvo que enterar del informe de la Policía por la prensa. La más absoluta reserva va a pesar sobre los movimientos que ordene Tardón, así como las diligencias que encomiende para ir armando el croquis del antes, durante y después de la mayor agresión en frontera conocida hasta la fecha.

Dar con la verdad supone lograr identificar a los responsables, a quienes tuvieron poder de decisión y, por tanto, culpa de las decisiones adoptadas.

Interior conocía lo que estaba pasando, pero no hubo reacción

De momento, de las testificales practicadas, se apunta hacia una dirección clara: el Ministerio del Interior. Recibió avisos y los recibió antes de la entrada masiva.

No se produjo una reacción acorde a lo que estaba sucediendo. Los medios fueron los mismos. Las fuerzas de seguridad sufrieron las carencias que venían arrastrando a diario.

La jueza Tardón ha pedido informes de todo tipo, los ha pedido a la Policía, a la Guardia Civil, al CNI y a todos los agentes especializados que pueden aportar datos sobre lo ocurrido. Datos no solo sobre lo que pasaba en Ceuta, sino también al otro lado de la frontera.

Esos informes, esos datos, van a ser entregados directamente a Tardón bajo conocimiento de la Fiscalía.

Los agentes encomendados a la recopilación e investigación sobre el terreno informarán directamente a la jueza. Lo que tanto molestó al Gobierno de España que se hiciera antes, se va a repetir, precisamente para salvaguardar el mayor de los secretos en las pautas que se vayan siguiendo.

Diligencias solicitadas

Tardón ha pedido librar a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, de la Comisaría General de Policía Judicial, para que procedan al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores incorporadas a los anexos del informe policial y lo remitan al órgano judicial.

También requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil para que elaboren un informe cuyo objeto sea el de precisar, en la medida de lo posible, la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada de los efectivos que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa y reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

Además, ha solicitado a distintos organismos, entre ellos Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, CEFRONT, a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para que aporten “cuantas alertas y/o análisis de riesgos pudieran haber emitido en relación con estos hechos, y en caso positivo los destinatarios de estos, y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar”.