La
Asamblea de Ceuta ha aprobado este jueves por unanimidad a propuesta del consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, crear un grupo con presencia de políticos y técnicos
para estudiar durante tres meses si la municipalización del servicio de
limpieza pública viaria y recogida de residuos es la mejor forma de ganar eficacia y eficiencia en su prestación tras once años encomendado a
Trace y los anteriores a Urbaser hasta desembocar en una deriva “insostenible” e “inasumible”. Ese grupo tiene el encargo de la Corporación de “analizar la forma de gestión más sostenible y eficiente” y de “elaborar la memoria justificativa que sirva de soporte a la correspondiente resolución del Pleno”. De momento la Ciudad ya ha decidido construir una base municipal para el servicio y comprar directamente la maquinaria, por lo que solamente queda en el aire cómo llevar las riendas del personal, alrededor de 500 personas a las que Vivas ha prometido mantener sus condiciones salariales y laborales en cualquier caso pese a que suponen el 90% del gasto. Los integrantes de la comisión serán el propio Ramírez en calidad de presidente. La oficial mayor de la Ciudad, María Dolores Pastilla, ejercerá como secretaria y cada grupo político con representación en la Cámara regional tendrá un vocal. El órgano se completará con cuatro técnicos: la directora general de Medio Ambiente, Cristina Zafra; el gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez; un técnico de Administración General adscrito a la Consejería de Hacienda y un economista de la Intervención. Tras años negándose, el Gobierno del PP ha aceptado plantearse “realizar una gestión municipal para la prestación del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos enfocada a conseguir mayores niveles de eficiencia y calidad para satisfacción de la ciudadanía de Ceuta”. El objetivo último sería coordinar mejor todos los medios que se pagan con unos 40 millones de euros al año (además de Trace, Tragsa, Obimace, Brigadas Verdes, Planes de Empleo...).
Entre los motivos que citan los técnicos en sus informes para justificar haber llegado a este punto está “el incremento del coste de mantenimiento de los bienes afectos al servicio y otros necesarios para su prestación (combustibles entre otros) así como el costo y/o gastos de inversión y financieros”, el absentismo que se registra en Trace (del 16%), la falta de “criterios técnicos, organizativos y de control de calidad para la correcta ejecución del servicio”, la forma en que se han disparado los costes de Personal... El portavoz de Vox en la Asamblea, Juan Sergio Redondo, ha lamentado que el Pleno no haya iniciado antes este camino (“lo pedimos dos veces la pasada legislatura, pero con su cordón sanitario antidemocrático lo rechazaron”, ha censurado) y ha tachado al PSOE de “brazo político de Trace”. El secretario general de los socialistas, Juan Gutiérrez, que se ha reconocido “parte implicada” del asunto como encargado general de esa empresa, solo ha tomado la palabra en el segundo turno de palabra, ha retado a Redondo a concretar cuál es su “interés” en el asunto. “Nuestro único interés es el de todos los ceutíes, de todos, no solo de la mitad como vosotros, que sois unos racistas”, ha espetado al ultraderechista, que ha recordado a su interlocutor “el personal de Trace votando en la sede del PSOE” en procesos inernos. La líder del MDyC también ha lamentado el tiempo “perdido” sin haber metido mano antes en la gestión de un servicio “tan importante para Ceuta”. “Mientras estudiamos el grado de suciedad de esta ciudad debe bajar”, ha exigido Fatima Hamed, “porque pagamos 26 millones de euros este año”. La localista ha reprobado que durante años “algunos se han lucrado” a costa de un empeoramiento de la prestación con el que “los vecinos de los barrios han visto crecer la suciedad de forma proporcional al coste del servicio”.
Mohamed Mustafa (Ceuta Ya!) ha recordado que su partido “siempre” ha sido partidario de la municipalización de la limpieza pública. “Hoy tenemos la ciudad más sucia de España al precio más caro de España y el responsable político de ello es Juan Vivas”, ha reprochado el autonomista al presidente. Ramírez ha advertido a la oposición que el caso de la limpieza no es equiparable al de los autobuses urbanos, en quiebra tras la pandemia, el cierre y el posterior cambio de gestión de la frontera, y ha asegurado que la Ciudad no se cierra ni a municipalizar ni a mantener la externalización con un contrato o una concesión. “Es cierto que durante los últimos tiempos el servicio ha decaído bastante, sobre todo porque en plena crisis de 2012 se licitó un contrato con un presupuesto inferior [de entrada 150 millones por 10 años]”, ha alegado el consejero, que ha asegurado que “muchas” ciudades de toda España han atravesado por un trance parecido. Mustafa lo ha negado: “Esto se ha convertido en inasumible porque la inmundicia ya no está solo en las barriadas, como antes, sino porque ha llegado al centro”.