La Asamblea de Ceuta ha acordado este viernes a propuesta de la
consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Kissy Chandiramani, “declarar la nulidad de los
artículos 16.II y 25 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de todo el personal funcionario de la Ciudad” y “ejercitar las acciones judiciales necesarias en el orden social” para dar cumplimiento al dictamen emitido por el Consejo de Estado que declara ilegales los premios de jubilación que se regulaban en ellos. Según el informe del órgano consultivo, retribuían “un hecho natural e inevitable como es la extinción de la relación funcionarial”; no tenían “carácter asistencial, pues su naturaleza es remuneratoria”; y carecían “de cobertura en norma legal de alcance general, de manera que puede concluirse que están incursos en nulidad de pleno derecho en la medida en la que, además, contravienen normas con rango de ley, como son el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local”.
Dichos artículos contemplaban el pago de entre 46.575 y 12.420 euros para quienes se jubilasen voluntariamente entre los 60 y los 64 años, así como el desembolso de entre 2.846 y 9.315 al llegar a la jubilación forzosa y en función del número de años de servicios prestados. La consejera ha explicado que el trámite parlamentario viene a “dar cumplimiento” a las resoluciones judiciales y del Consejo de Estado emitidas al respecto. A la vista de los informes emitidos también por la Oficial Mayor, en el mismo sentido,
el PSOE ha anunciado su apoyo a la propuesta.
MDyC: "Aquí hay dos grandes perjudicados, la ciudad en su conjunto y los funcionarios y el personal de las empresas municipales"
Fatima Hamed
(MDyC) ha recordado al Ejecutivo local que el verano pasado, cuando el asunto pasó por primera vez por el Pleno, ya pidió “cuidado” al presidente y ha lamentado que “aquí hay dos grandes perjudicados, la ciudad en su conjunto y los funcionarios y el personal de las empresas municipales”.
Preguntada por si la Ciudad planteará acciones judiciales para reclamar las cantidades abonadas en ejercicios como 2018 (solo ese año, más de 400.000 euros por los que el Tribunal de Cuentas ya ha abierto un expediente por posible responsabilidad contable), Chandiramani ha dicho que se hará lo que establezcan los técnicos y que “no hay ninguna voluntad política de perjudicar a ningún trabajador”. La
titular de Hacienda ha pactado esta semana con los sindicatos crear un grupo de trabajo técnico para estudiar “una forma de compensación a todos los empleados públicos conforme a la legalidad vigente dada la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los premios de jubilación y el dictamen reciente del Consejo de Estado al respecto”. El
Gobierno de Vivas se ha comprometido a dotar el planteamiento de dicho grupo de trabajo con los fondos necesarios “sin perjuicio de su preceptiva negociación en la Mesa General”.