El estado de la parroquia de San José, sobre cuyo estado se han venido encendiendo alertas desde hace años, prueba la necesidad de que las administraciones se coordinen mejor con las entidades propietarias de los elementos del patrimonio de todos los ceutíes para reaccionar a tiempo antes de que su deterioro se vuelve irreversible, como sucedió con la iglesia de la Virgen del Carmen.
La Ciudad Autónoma había reservado en el Presupuesto de 2022 una partida de 100.000 euros que al final tuvo que más que triplicar, hasta de 350.000, para firmar un convenio con el Obispado que hiciese posible la realización de las obras necesarias tras el derrumbe de la cubierta de la iglesia de Hadú.
Es preciso mantener un cronograma y trabajos de revisión rutinarios y calendarizados para conocer periódicamente el estado de todos los elementos del patrimonio de Ceuta, sean o no inmuebles de carácter religioso, para evitar que se reproduzcan situaciones como esta.
La intervención de distintos agentes, como en este caso (o en el de La Almadraba con idénticos protagonistas) el Obispado y la Ciudad Autónoma, no debería ser tampoco una fuente de retrasos o conflictos, pues al final la perjudicada directa termina siendo la ciudadanía.
En un momento en el que los restos de la rica historia de la ciudad se pretenden poner en valor para incentivar la llegada de turismo sectorializado es no solo importante por razones culturales el mantenimiento del patrimonio local, sino también por motivaciones económicas y de futuro, pues es imprescindible garantizar que las próximas generaciones puedan apreciar, valorar y disfrutar de la enorme herencia histórica que atesora Ceuta y que debe cuidarse y mejorarse.
