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La acusada fue interceptada en la Estación Marítima cuando intentaba cruzar a la Península acompañada de un menor
Visto para sentencia ha quedado el juicio contra una mujer marroquí acusada de un delito contra la salud pública por el que el Ministerio Fiscal ha pedido tres años y dos meses de prisión y una multa de 14.880 euros o responsabilidad subsidiaria de 150 días en caso de no hacer frente al pago.
Los hechos se remontan al 13 de agosto de 2017 cuando la acusada fue detenida en la Estación Marítima al intentar embarcar hacia Algeciras acompañada de un menor. Según la declaración de una agente de la Guardia Civil, fue trasladada a un cuarto donde se procedió a un registro corporal, como resultado del cual se le encontró cierta cantidad de droga adosada a su cuerpo. Según la propia agente, el estado de la acusada era de nerviosismo y fue ella misma la que comentó a la guardia que no la cacheara porque llevaba droga.
Fruto del registro se incautó un paquete de hachís cuyo peso ascendía a 2,8 kilos, envuelto en un único fardo y adherido a la cintura de la mujer.
Estas declaraciones fueron confirmadas por el testimonio de otro de los guardias civiles presentes el día de los hechos.
La acusada dijo desconocer que portaba droga y, ante el Juzgado de lo Penal número 1, aseguró que la sustancia no estaba adosada a su cuerpo, sino en una maleta que una persona le había pedido que trasladara hasta la Península.
Tras negarse a contestar a las preguntas de la Fiscalía, únicamente accedió a responder a las interpelaciones del abogado de la Defensa, quien centró el interrogatorio en el arraigo de su patrocinada al país, donde nació su hijo de 12 años, residente en Madrid y su escasa relación con su lugar de origen.
Durante las conclusiones, la Defensa pidió la absolución de la acusada y la puesta en libertad ante la imposibilidad de que se produzca una fuga a Marruecos. El letrado basó el argumento de su defensa en la inexistencia de la cadena de custodia de la sustancia incautada desde el Puerto hasta Instrucción, lo que podría haber llevado a una vulneración de los derechos de su patrocinada. Además, hizo hincapié en que no se llevó a cabo un muestreo de las cápsulas para determinar que todas fueran de sustancia estupefaciente.
Por su parte, el Ministerio Fiscal arguyó el riesgo de fuga hacia Marruecos que se incrementa cuanto mayor es la pena solicitada. Además, argumentó que la Defensa no había presentado ningún tipo de prueba que demostrara el arraigo de la acusada a nuestro país.
Suspendido un juicio por obra ilegal en terreno militar en Benzú
Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número 1 suspendió ayer el juicio sobre una obra ilegal en Benzú que se ejecutó en terrenos perteneciente a Defensa, mientras se solicite documentación relacionada con el procedimiento.
El acusado, M.M.M., llevó a cabo la obra de un inmueble de planta baja, primera y segunda, en total tres alturas, sin contar con los permisos pertinentes, lo que llevó a que en 2014 se iniciara su demolición administrativa.
