Categorías: Tribunales y justicia

Piden dos años y 1,5 millones de euros por un supuesto delito contra la hacienda

La acusada aseguró que ella no gestionaba la sociedad y que había unos gestores.

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitaron ayer la imposición de una pena de dos años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros para una mujer acusada de cometer, supuestamente, un delito contra la hacienda pública al ser la administradora única de una empresa dedicada a los negocios inmobiliarios que en el año 2001 no realizó sus correspondientes declaraciones del IVA, evadiendo el pago de hasta 123.000 euros en total. Por su parte, la defensa de la mujer alegó falta de intencionalidad por parte de su cliente y aseguró que esos asuntos eran responsabilidad de unas personas a las que la señora había contratado para que se encargaran de la gestión de la sociedad, por lo que solicitó la libre absolución.
Los hechos por los que la mujer estaba siendo acusada sucedieron en el año 2001. Ella era administradora única de una sociedad dedicada a los negocios inmobiliarios. La mujer aseguró que había delegado todos los asuntos referentes a la gestión económica en unos apoderados de un bufete de abogados, por lo que ella daba por hecho que todo se estaba realizando de forma legal. Ella delegó estas funciones por cuestiones de salud que le impedían estar pendiente totalmente de la sociedad. El problema surge de la venta de un inmueble y de varios arrendamientos realizados en el año 2001. Según los testigos que acudieron al juicio, la sociedad no había declarado 123.000 euros de IVA correspondiente a estas operaciones. La acusada explicó que hasta el año 2009 no sabía que se habían producido una serie de irregularidades muy graves y, por ello, se había querellado contra el bufete de abogados catalán que se encargaba de la gestión de la sociedad en cuestión.
Tanto el Fiscal como el representante de la Abogacía del Estado dieron por acreditados los hechos y pidieron una sentencia condenatoria. La defensa entendió que no se le podía imputar el delito porque ella no sabía lo que estaba sucediendo, por lo que pidió la libertad de su cliente.

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