El magistrado juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 dejó ayer visto para sentencia el caso de un joven,, Morad A. M., acusado de daños y atentado a la autoridad, en relación al incendio de un vehículo el pasado día 24 de marzo en el Poblado de Regulares. El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión por un delito de daños contra el vehículo siniestrado, amén de dos años más por el delito de atentado a la autoridad con resultado de lesiones. Igualmente, cincuenta días de multa por cada uno de los delitos. La defensa pide la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.
En el transcurso del juicio, celebrado en último lugar durante la mañana de ayer en la sede judicial de lo Penal, en el edificio Ceuta Center, declararon los dos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, uno de ellos, el guardia civil, por videoconferencia. Ambos afirmaron y se ratificaron en las diligencias realizadas con respecto al caso e identificaron sin ningún género de dudas al acusado.
El joven acudió bastante nervioso y hablando con atropellamiento. Si bien resultó convincente en su declaración inicial, al final del juicio apareció menos seguro, incluso indicando que no podría hacer frente a indemnizaciones. Está en paro, es huérfano y vive desde los 14 años con su abuela.
Según los testimonios del policía y del guardia civil –este último destinado fuera de Ceuta, de ahí la videoconferencia– ya entrada la noche se encontraban ambos fuera de servicio conversando en el interior de un automóvil propiedad del primero, del policía, cuando vieron a una persona que se acercaba a un vehículo, se agachaba junto a él, y rápidamente aparecieron llamas. Los agentes corrieron al lugar de los hechos, siempre según su versión, se identificaron claramente –aunque estuvieran fuera de servicio tienen la obligación de intervenir ante un delito y en calidad de autoridad– y detuvieron al joven, que habría mostrado resistencia y que les habría producido incluso lesiones. En su poder, según ratificaron ambos, hallaron una botella de alcohol y un mechero.
Se da la circunstancia de que el vehículo siniestrado pertenece a un primo del policía nacional, persona que actualmente cumple pena de prisión, también en el momento de los hechos. El siniestro fue sofocado por un familiar del propietario del coche. La casa familiar y seis automóviles estaban muy cerca del lugar donde se produjo el incendio, por lo que de no haber mediado una intervención rápida, el fuego podría haber tenido mayores consecuencias.
El Ministerio Fiscal consideró acreditados ambos delitos y declaró que el acusado no sólo no colaboró con los agentes sino que los agredió. Por su parte, la defensa cuestionó el delito de daños contra el patrimonio particular –el coche podría estar abandonado en el momento de los hechos– y advirtió que los hechos ocurrieron muy rápido y que no estaban acreditados.
